El pueblo contra el pueblo
Hace dos semanas recordaba que veintiocho años atrás, miembros de las Fuerzas Armadas peruanas defendieron con honor y eficiencia la integridad territorial del Perú en el Alto Cenepa, departamento de Amazonas, en uno de los escenarios más difíciles del mundo para operaciones militares, según me confió el general estadounidense Barry McCaffrey, veterano de las guerras de Vietnam y del Golfo y jefe del Comando Sur de 1994 a 1996.
Recordaba también que gracias a esa heroica defensa de nuestro territorio y a la decisión del entonces Pdte. Alberto Fujimori, pudieron concretarse en octubre de 1998 los acuerdos de paz definitiva con el Ecuador.
En varias oportunidades, el Pdte. Fujimori mencionó cómo los enfrentamientos bélicos afectan y cobran la vida, salud y progreso sobre todo de las personas más humildes de cada país y benefician a los fabricantes de armas. Por ello un político responsable, decía él, estaba moralmente obligado a ponerles fin, a evitarlas.
Ese mismo análisis y decisión aplicó para enfrentar y acabar con la violencia desatada por las bandas terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA en la década de los ochenta e inicio de la siguiente. Miles de muertos y heridos y centenares de miles de desplazados de sus lugares de arraigo causados por el terrorismo pertenecían, mayoritariamente, a la población más humilde de los Andes y Selva del Perú. Entre las víctimas causadas por el terrorismo se incluyen también miembros de las Fuerzas Armadas de los rangos menores y conscriptos, así como ronderos y campesinos organizados en los comités de autodefensa. Gente del pueblo como suele llamarse a los sectores menos favorecidos y más necesitados de la sociedad.
Algo similar sucede hoy respecto de la violencia, urdida desde el Gobierno mismo por el fantoche del comunismo y la criminalidad organizada internacionalmente (que solo un fraude pudo haber puesto en el cargo de presidente de la República el año 2021) y desatada sin ningún pudor luego que fracasara de inmediato el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre último y cuyos detalles y cómplices van quedando cada día en mayor evidencia.
Las más de 70 víctimas mortales que a la fecha ha causado la violencia anunciada –como amenaza- meses antes del golpe, incluyen policías, militares, transeúntes y los mismos violentistas, estos últimos pagados para actuar como tales, pertenecientes a sectores populares. Los instigadores: políticos e intelectuales acaudalados y hasta dueños de empresas periodísticas permanecen cómodamente a la distancia, a salvo.
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