El problema de los ministerios no es su número ni su denominación

Por lo que se viene conociendo, con relación a la propuesta presidencial de la creación del Ministerio de Infraestructura, pareciera ser que es “crónica de una muerte anunciada”; pues, el sentir de la mayoría de los parlamentarios es manifestar su desacuerdo con tal posibilidad.

A partir de la responsabilidad que asume el Poder Ejecutivo, y que se refiere a la función administrativa, la cual tiene que ver con la implementación, en todo orden de materias, de otorgar y ofrecer condiciones que permitan satisfacer las necesidades de la estructura social, es menester no dejar de considerar que las falencias que se perciben en el funcionamiento de la cosa pública, son de indudable responsabilidad de los que tienen a su cargo cada uno de los ministerios, que son los entes que, especializadamente, deben de actuar orientados a proveer de recursos, bienes y servicios al común de las personas.

La salud, la educación, la seguridad son, entre otros muchos, asuntos que deben de ser atendidos por quienes conducen la administración del Estado. Y, por lo tanto, el equipo (llámese Consejo de Ministros) que tiene la responsabilidad de producir condiciones que resuelvan la situación en la que nos encontramos, es el que debe estar estructurado de una forma tal en la que se encuentren claramente definidas, en forma precisa, las responsabilidades y atribuciones de cada uno de los entes ministeriales.

En ese sentido, aumentar el número de dichas carteras ministeriales, con la intención de pretender mejorar los resultados de la gestión de gobierno, no es la solución. El distribuir facultades con un mayor criterio de especialización, y sin necesidad de crear más viceministerios (y, sí, únicamente direcciones o jefaturas), puede dar lugar a que el resultado sea más satisfactorio frente a las expectativas de la población.

Por cierto, para lograr alcanzar las metas u objetivos que son los que se ofrecen en los mensajes presidenciales, debe descartarse la mala costumbre de que los ministerios se conviertan en “oficinas de captación de empleos”, a través de los cuales se paguen favores a los “amigos” de las autoridades que tienen a su cargo ser los titulares de dichas estructuras que manejan el poder político. Lo cual significa no incrementar irracionalmente la burocracia estatal.

Esta es la razón por la que siempre se ha insistido en no crear más ministerios, sino organizarlos internamente, con tendencia a reducir su número, haciendo más eficiente y eficaz su funcionamiento.

Y, con mayor razón, llamar la atención en el sentido de que cambiarles de denominación tampoco soluciona el problema de su ineficacia en el cumplimiento de sus obligaciones de cada uno de los mismos; a lo que se podría agregar que se debe desterrar la mala costumbre que se ha adquirido de darles nombres a cada institución ministerial excesivamente extenso, dándole una denominación en cuyo contenido se pretende identificar cada una de las áreas que tiene a su cargo. Si de eso se trata, suficiente con leer la norma legal de su creación, en la cual, con evidente detalle, se podrá identificar con claridad cada una de las funciones que le correspondan.

De lo que se trata, y no se debe dejar de tomar en cuenta, es tratar de no seguir aumentando o generando el crecimiento irracional del aparato estatal; pues, eso origina más gasto al erario nacional, sin estar suficientemente justificado.

Lo que el pueblo reclama es mayor eficiencia en el funcionamiento del Estado, permitiéndole sentir que sus problemas son atendidos y solucionados con la prontitud y eficacia que el caso amerita.

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