El principio de legalidad, pilar del Estado de derecho

El principio de legalidad, consagrado en la mayoría de los sistemas jurídicos democráticos, constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Este principio establece que nadie puede ser procesado ni condenado por una acción u omisión que, al momento de cometerse, no esté previamente tipificada en la ley como delito o falta de manera expresa e inequívoca. Además, las sanciones impuestas deben estar igualmente previstas en la ley, excluyendo cualquier arbitrariedad por parte del sistema judicial o del Estado.
Como explica Muñoz Conde, este principio tiene como propósito esencial controlar el poder punitivo del Estado, limitándolo para evitar excesos y arbitrariedades en su aplicación. En el Perú, el principio de legalidad está recogido tanto en el Código Penal como en la Constitución, reafirmando que “nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con pena prevista en la ley”.
El principio de legalidad no solo es un mandato jurídico, sino también una garantía fundamental de los ciudadanos frente al poder del Estado. Su aplicación exige que toda intervención del Estado en los derechos de las personas tenga un fundamento legal claro. En este sentido, cualquier acto que pretenda ser considerado delito debe estar previamente descrito en una ley escrita, estricta y previa.
En el ámbito constitucional, el Tribunal Constitucional peruano ha reforzado la importancia de este principio al establecer que la legalidad penal es un derecho fundamental protegido por la justicia constitucional. Esto significa que queda prohibida la creación judicial de delitos, la agravación de penas no contempladas en la ley o la aplicación de tipos penales a casos no previstos en ellos.
Una derivación clave del principio de legalidad es la irretroactividad de la ley penal, que establece que las leyes penales solo se aplican desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo que se disponga lo contrario. Esta irretroactividad protege al imputado de la aplicación de normas penales posteriores que puedan perjudicarlo. Sin embargo, en el caso de normas que favorezcan al imputado, se aplica el principio de retroactividad benigna, permitiendo que la ley más favorable beneficie al acusado, siempre que sea aplicable al caso concreto.
Uno de los debates más complejos dentro del marco del principio de legalidad es su interacción con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Mientras que el principio de legalidad exige precisión y previsión en la creación de normas penales, la imprescriptibilidad se sustenta en la naturaleza gravísima de los delitos de lesa humanidad, que violan principios esenciales del derecho internacional. Este conflicto plantea preguntas profundas sobre cómo equilibrar los derechos de los imputados con la necesidad de garantizar justicia para las víctimas de atrocidades masivas.
En este contexto, el principio de legalidad sigue siendo un faro que guía la acción penal dentro de los límites establecidos por la ley y la Constitución. Su correcta aplicación refuerza la legitimidad del sistema de justicia, protege los derechos de los ciudadanos y asegura que el poder del Estado se ejerza de manera razonable, proporcional y respetuosa de las garantías fundamentales.
Es esencial que los Estados mantengan el principio de legalidad como una herramienta para salvaguardar el equilibrio entre la autoridad estatal y los derechos de las personas. Solo en un sistema donde la ley se respete de manera estricta puede florecer un verdadero Estado de derecho, garantizando justicia y equidad para todos.

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