El Presidente que llegó para delinquir
Un clásico axioma jurídico es “a confesión de parte, relevo de prueba”, que supone que si alguien acepta su culpabilidad ya no es necesario probar la inconducta.
Más preciso aún que su asesor de confianza, B. Camacho, investigado como él por ser presunto integrante de una organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo, que en marzo decía tener la conciencia “cochina”, Pedro Castillo nos regaló el último sábado una confesión directa, pública y en evento oficial, aceptando sin pelos en la lengua haberse sometido a sobornos y chantajes.
Instantes antes, pretendiendo parecer desafiante cuando es obvio que se siente cercado por las evidencias de millonaria corrupción, Castillo había espetado que no lo podrían “doblegar” y que tendía la mano por “última vez” a las fuerzas políticas. Ojalá hubiera dicho que “metía la mano por última vez” en los recursos públicos.
Queriendo justificar la comisión de tremendos delitos de corrupción en el poder, balbuceó encontrarse en una campaña de cobro de deudas. Ello nos hizo recordar cuando en Vidawuasi, Cusco, en diciembre, nos confió su “secreto” de estar haciendo una “chanchita para los niños”. Sin duda, buscó que algunos creyeran que estaba colectando fondos para celebrar la entonces cercana Fiesta de Navidad. Lo que hoy sabemos es que “niños” era el codinome, o apodo, con que los operadores del ocupante precario de Palacio de Gobierno identificaban a algunos y algunas congresistas de la República –llegarían a 14 en total– que recibían prebendas y hasta coimas a cambio de blindar al que ya salió airoso de dos mociones de vacancia y está más que cercano a enfrentar una tercera (ojalá a la tercera vaya la vencida).
En apenas un año de haberse hecho del poder de mala manera, con versiones crecientes de fraude electoral y una vicepresidenta –D. Boluarte- elegida cuando jamás debió ser admitida su candidatura por violar el artículo 107° de la Ley Orgánica de Elecciones, que prohíbe toda postulación a personas que laboran en el Sistema Electoral, P. Castillo y su entorno familiar y amical más cercano –metidos por él al centro mismo del poder-, están directamente involucrados en contratos y adquisiciones estatales indebidos por decenas de millones de soles, incluso en perjuicio de su pueblo de origen y referidos a servicios esenciales.
Como señalé la semana pasada, el colmo ha sido pretender corromper hasta la compra de urea, tan urgente y necesaria para la pequeña agricultura.
Coincido con un periodista que recién señaló que sin duda P. Castillo está convencido de que llegó al poder para delinquir.
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