El pragmatismo de Alberto Fujimori en el sector energía
La discusión sobre la gestión de Alberto Fujimori será inacabable; hay elementos para valorarla a favor y en contra. Tengo la percepción del gobernante pragmático que tomaba decisiones cuidando no tener colisiones mayúsculas con el modelo económico que impuso, pero a la vez pensando en el rédito político.
Voy a referirme a dos hitos de su actuación en el sector electricidad. Son vivencias sobre las que me pronuncié públicamente en su oportunidad y mi opinión no ha cambiado un ápice.
En 1994 se privatizó la distribución de electricidad en Lima Metropolitana y sus provincias, incluyendo el Callao. La gestión en Lima Norte (Edelnor) la tomó un consorcio formado por las chilenas Enersis y Chilectra, y la española Endesa. Lima Sur (Luz del Sur) la adquirió el consorcio constituido por la canadiense Ontario Hydro International y la chilena Chilquinta International.
En 1995 se privatizó la generación ubicada en Lima, que se le denominó Edegel S.A., que fue adquirida por el Consorcio Generandes, controlado por Endesa Chile, subsidiaria de Endesa España. En octubre de 1997, Endesa España adquirió en Chile la empresa Enersis; de esta manera, Endesa en el Perú pasó a tener participación en generación, vía Edegel, y en distribución, a través de Edelnor. Eran los evangelios por los suelos, pues predicaban que no se podía participar en dos actividades a la vez.
El gobierno de Fujimori, que ya empezaba a tener rechazos por la privatización, reaccionó rápidamente y promovió en el Congreso lo que fue la Ley Antimonopolios y Antioligopolios del Sector Electricidad (Ley 26876), aprobada en noviembre de 1997, poniendo condicionantes de aprobación previa de Indecopi para la participación de empresas en operaciones en una o más actividades.
En noviembre de 1997, las privatizadas Edelnor y Luz del Sur presentaron una propuesta tarifaria con 30% de incremento en el costo de su servicio, con gran discrepancia con la reguladora estatal de esa época, la Comisión de Tarifas Eléctricas (CTE). La controversia devino en un contencioso administrativo en el Poder Judicial, con pronunciamiento público de Fujimori a favor de la CTE, que terminó en sentencia favorable a ella.
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