El Perú y la extrañada política exterior de Estado

Una de las mayores falencias en nuestra vida internacional en los últimos lustros –lo advirtió el eminente Alberto Ulloa Sotomayor en su afamada obra Política Internacional del Perú– es que nuestro país se ha alejado de contar con una política exterior de Estado. Esto significa que, más allá de los gobiernos de turno que tenga nuestro país en el curso de su vida soberana, se debería mantener una línea conceptual y principista, única e incólume, de naturaleza permanente, persistente, inmutable y transversal sobre un asunto sustantivo y propio de las relaciones internacionales. Al conservarla, un Estado es reconocido como serio y garantista, capaz de reflejar confianza internacional, respetando, eso sí, la prerrogativa gubernamental consagrada en la Constitución (art. 118, inciso 11).
Un tema que refleja esta posición nacional ha sido nuestro indeclinable compromiso con una defensa férrea de la democracia, asumida como un sistema político convencional e innegociable para todos los peruanos. Un reflejo de esta actitud de Estado fue el mayor aporte del Perú al panamericanismo reciente: la dación de la Carta Democrática Interamericana (CDI), que fue aprobada por todas las naciones del continente en Lima, el 11 de septiembre de 2001. El objeto de la CDI es que las naciones del hemisferio cierren filas ante la amenaza de una ruptura del régimen democrático, pues la carta fue creada exclusivamente para ello, es decir, para salir al frente ante el riesgo de que pudiera perderse la democracia o de que dicho riesgo se vuelva inminente.
Es verdad que en el caso de Venezuela no podemos invocar la referida carta, porque la realidad política en este país hermano pasa, más bien, por recuperar la democracia, y ese fue el objetivo del denominado Acuerdo de Barbados, que trazó una hoja de ruta para conseguir el retorno a la democracia que actualmente no existe.
Cuando los Estados cuentan con una sólida política exterior de Estado, las personas que la dirigen –jefes de Estado– o aquellos que la ejecutan –cancilleres– son prescindibles, y eso es lo que sucede, sin inmutaciones, en los países desarrollados. Contrario sensu, en países como el Perú, en pleno siglo XXI, seguimos aferrados a las personas, confirmando la desgracia del caudillismo. Al no contar con una política exterior de Estado, se desgasta al gobierno de turno y, lo que es más grave, se afecta a los intereses del país, mirando la agenda internacional en prospectiva y a largo plazo.
Nuestros políticos solo ven personas y permanecen ciegos ante los procesos, que son los que verdaderamente producen el desarrollo nacional. Precisamente, por la ausencia de una política exterior de Estado, las pugnas políticas se superponen apasionadamente en la vida social nacional y, mientras tanto, como bien anotó el historiador Jorge Basadre, los países terminan debilitados y desprestigiados, en el umbral de quedar convertidos en republiquetas. Esforcémonos para que eso no le ocurra al Perú.

(*) Excanciller del Perú e Internacionalista

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