El Perú y la competitividad
El Índice de Competitividad Mundial que se presenta todos los años, mide la capacidad de gestionar recursos y competencias para elevar la productividad y, por ende, la calidad de vida de las poblaciones de los distintos países. Son cuatro los principales pilares de este estudio: desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia de negocios e infraestructura.
En el Perú, CENTRUM, la escuela de negocios de la Universidad Católica, en alianza con el Institute of Management Development (IMD) de Suiza, está encargada de presentar estos resultados de 63 economías, entre ellas nuestro país. Una fotografía anual que nos muestra cómo varían los puestos en este ranking, para mejor o peor, y ayudar así a los agentes involucrados a trazarse unas metas cada vez más competitivas, respecto de los demás países.
En el estudio del 2019, es notable observar que el Perú, por un lado, asciende en su buen “desempeño económico” (del puesto 55 sube al 41); mientras retrocede en la “eficiencia del gobierno”, bajando en los dos últimos años, consecutivamente. Lo que se traduce, de acuerdo a las variables que mide este índice de competitividad, en un manejo deficiente de las finanzas públicas, de la política fiscal, del marco institucional, de la legislación empresarial y del marco social.
Si bien en este pilar se destaca la fortaleza de las políticas del Banco Central de Reserva en la mejora de la economía; por otra parte, se señalan como debilidades: el margen de interés, la informalidad de la economía, la falta de cohesión social, la incoherencia de la justicia, el soborno y la corrupción. A todo lo que no ayuda la continua turbulencia política en la cual vivimos.
A este panorama se suma, el estancamiento del Perú en las obras de “infraestructura”, tan necesarias como las vías de comunicación –que nos mantienen en el lugar 61 de los 63 que comprende el estudio– tenemos la dicotomía de un país en el que, el esfuerzo de la inversión privada interna y externa, no se corresponde con el empuje que el Estado debiera proporcionar.
Es evidente que la ineficiencia en el gasto público del gobierno central y de los gobiernos regionales y locales, así como el poco control en las ejecuciones de los presupuestos anuales, están pasando la factura a todos los sectores, pero principalmente a la infraestructura vial, de salud, educativa, tecnológica y un largo etcétera que la sufrimos todos los ciudadanos; pero principalmente las poblaciones más necesitadas de la ayuda del Estado.
Hay dinero en las arcas del Gobierno, pero la inversión pública está trabada. Por tanto, una reforma del Estado debiera estar focalizada en la modernización de los distintos niveles de gobierno; es necesario apostar por la “carrera pública”: por la capacitación y actualización de los burócratas, la adquisición de nueva tecnología y por un sistema eficiente de fiscalización.
Finalmente, este Índice de Competitividad nos muestra cierta debilidad en el pilar denominado “eficiencia de negocios”, porque es necesario mejorar en las prácticas gerenciales que deben ser sostenibles, en tanto que el éxito de un buen negocio se mide por la cuenta de resultados; pero también por el compromiso de las empresas con el cuidado del ambiente, la ética y la responsabilidad social.
Todo un reto para el Gobierno y todos los peruanos que, trabajemos donde trabajemos, tenemos que esforzarnos para superar a otros países de la región que están logrando mejores resultados en competitividad mundial.