El Perú de rodillas ante la CIDH

Corresponde entregar la segunda parte del artículo publicado hace una semana en esta columna y al momento de escribirla el expresidente Alberto Fujimori, aquél cuya libertad resultó afectada por la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a la que mi artículo se refiere, está ingresado en un establecimiento de salud luego de ser evacuado -de emergencia y en condición grave de salud- del establecimiento penal en el que quedó retenido pese a que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su excarcelación hace casi un mes.

Más allá de las discusiones jurídicas ya hechas y por hacer sobre el caso, resulta evidente e indiscutible la grave responsabilidad moral que recae no solo en el gobierno de P. Castillo sino en cada uno de los jueces de la Corte IDH que se prestan al juego de deudos y ongs y de la Comisión IDH para violentar los derechos humanos de una persona a la que no se le ha comprobado responsabilidad penal alguna en los casos Barrios Altos y La Cantuta, y a la que se le ha negado el indulto por razones humanitarias que le fuera restituido por el TC.

Con ensañamiento, alevosía y prevaricación -pues está más que acreditado el precario estado de salud del expresidente Fujimori- la Corte IDH desconoce el texto expreso de la norma aplicable (Art. 4.6) de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que prevé el otorgamiento del indulto “en todos los casos”, incluso en favor de condenados a pena de muerte, siendo que la injusta condena al exmandatario es a pena menor.
Peor aún, resuelve sobre la libertad de una persona sin siquiera oírla (ni a ella ni a su defensa técnica) y se pone en cuestión el fallo de la máxima autoridad jurisdiccional peruana, el TC, sin siquiera convocarlo.

Tremenda caricatura de justicia la que ofrece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la complicidad del gobierno de Pedro Castillo Terrones, quien incurre en peculado de uso yendo de paseo familiar usando aeronave del Estado en vez de pagar tales gastos particulares con el abultado sueldo que recibe.

Hoy vuelve a ser necesario considerar que reconocer la competencia de las CIDH, Corte y Comisión, es accesorio, no sustancial, a ser parte de la CADH o Pacto de San José de Costa Rica. Países como Estados Unidos de América y Canadá no las reconocen. Tampoco la Venezuela chavista que inspira hasta el uniforme con que deambula y desgobierna P. Castillo.

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