El Perú a combazos
El viernes santo por la noche a eso de las 23 horas el Perú presenció a través de la televisión un espectáculo insólito, el allanamiento a combazos de la casa de la Presidenta Dina Boluarte en Surquillo pedido por el Fiscal de la Nación y autorizado por un juez de la Corte de la Suprema. ¿Por qué semejante escena? La negativa de la presidenta de recibir inmediatamente a un equipo de fiscales que está investigando su tenencia o propiedad de un conjunto de relojes Rolex, que por su elevado precio de compra se presume que fueron adquiridos ilegítimamente.
La violenta entrada se produjo porque nadie de los ocupantes de ese inmueble abrió la puerta de entrada con la celeridad requerida por los fiscales investigadores. Toda la escena fue filmada y trasmitida en vivo por la televisión e inmediatamente después fue objeto de diversas declaraciones de expertos en Derecho Penal que justificaron el allanamiento a combazos y hasta comentaristas políticos, uno de ellos ex ministro del vacado gobierno de Pedro Castillo Terrones, quien consideró la medida como el antecedente correcto para que la Presidenta Dina Boluarte renuncie o sea vacada por incapacidad moral permanente. En algunos medios se justificó esa medida en base al antecedente de la vacancia del ex presidente Castillo, olvidándose de su intento fallido de perpetrar un golpe de Estado y disolver el Congreso mediante un mensaje al país.
No se requiere ser un agudo especialista en Derecho Constitucional ni experto en Derecho Penal para percatarse que se trató de una medida irrespetuosa a la Presidenta de la República, quien con arreglo al artículo 110 de la Constitución es la Jefa de Estado y personifica a la Nación. Cualquier persona conocedora de la Constitución es consciente de ello, pero aquí primaron otras consideraciones, el descubrimiento de un reloj Rolex exhibido por la Presidenta Boluarte y su respuesta que se trataba de un objeto de antaño. Eso llevó a muchos a la conclusión que estaba mintiendo porque ese artefacto era de muy reciente manufactura y se vendió en Lima a través la joyería Casa Banchero, por un precio del orden de los US$ 10,000, no existiendo constancia de su compra por la Presidenta.
Es evidente que tales inconsistencias han afectado gravemente la imagen de Dina Boluarte; sin embargo ella está tratando de rectificar esta situación a través de su abogados y desea declarar ante los fiscales lo que corresponda respecto de esas adquisiciones. En esta situación debemos ser conscientes que el supuesto delito investigado no puede ser materia de una acusación a la Presidenta al no estar comprendido dentro de ninguna de las causales previstas en el artículo 117 de la Constitución. Para que ella pueda ser acusada por la figura penal de un delito de corrupción tiene que previamente renunciar o ser vacada. Recién en ese momento el Congreso tendría que autorizar su acusación ante la Corte Suprema de la República por cualquier delito presuntamente cometido durante el ejercicio de sus funciones como Presidenta de la República.
Enfrentamos, por lo tanto, una situación inédita en nuestra historia reciente, que nos podría llevar a una elección presidencial precipitada cuando en estos momento solo existe un eventual candidato a presidente, Antauro Humala Tasso, quien entre otras cosas ha planteado un programa que incluiría el secuestro al Perú del Rey de España. Sin duda un remedio peor que la enfermedad.
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
