El Perú arrodillado ante Odebrecht

Como resultado del esquema de sobornos desatado por Odebrecht, el año 2017 EE. UU. le impuso una multa global por US$2,600 millones. De aquello, solo US$93 millones fueron al Tesoro estadounidense. El saldo se distribuyó entre Brasil (US$2,391 millones) y Suiza (US$116 millones), que participaron en la investigación y persecución del caso.
Recientemente, en ágil proceso por corrupción, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ha condenado a 13 años de cárcel al exvicepresidente Jorge Glas, inhabilitándolo de por vida para ejercer cargos públicos por robar fondos estatales. Hablamos en este caso de recursos que estuvieron destinados a la reconstrucción de dos provincias afectadas por un terremoto, dineros que fueron aplicados a otros proyectos absolutamente ajenos a aquella tragedia. El fallo del tribunal demanda que, además, Glas pague US$250 millones por daños materiales e inmateriales, cantidad que deberá abonar junto a otro exministro sentenciado por el mismo caso. La jueza respectiva, Mercedes Caicedo, indica que aquellos recursos robados —originalmente destinados para la reconstrucción por el sismo— “provenían de impuestos, demostrando el condenado un bajo o nulo respeto a la ley de Solidaridad, pero sobre todo el irrespeto a las víctimas del terremoto”, refiriéndose al entonces vicepresidente Glas, hoy preso en una cárcel de máxima seguridad, “cumpliendo sentencias anteriores de seis y ocho años de cárcel en otros dos casos de corrupción, en uno de los cuales también fue condenado el expresidente Rafael Correa, quien se encuentra prófugo en Bélgica”, como explica el bien informado portal Infobae.
Ocho años después de resuelto el caso estadounidense, el affaire peruano queda como uno de los más humillantes del escándalo Odebrecht. Revisando nuestro escenario, no existe un solo ejemplo —entre los muchos que, incluso, involucran a cinco expresidentes del país— resuelto. Ni siquiera prognosis de condenas para los involucrados en escándalos como la Carretera Interoceánica Sur; la Línea 1 del Metro de Lima, tramos; la Vía de Evitamiento del Cusco; la Costa Verde, tramo Callao, con un sobrecosto cercano a US$2,300 millones. Tampoco se conocen avances de las reparaciones al delincuencial “Pacto de Colaboración Eficaz” firmado por dos absolutamente inconfiables fiscales, como Vela y Pérez. Sobre todo esto, Odebrecht solo ha pagado US$69 millones.
El miserable monto total fijado por el “pacto secreto de colaboración eficaz” de los desleales fiscales Pérez/Vela fue S/ 760 millones (S/ 610 millones más S/ 150 millones de intereses; es decir, US$208 millones), pagaderos a plazos, condicionado a que aceptemos que Odebrecht siga operando acá, para seguir estafando a futuros gobernantes estimulados por sus predecesores.
Además de reflejar la extrema cobardía y corrupción que anida en nuestro sistema judicial, esta breve comparación del comportamiento de Odebrecht acá —y frente a algunos países americanos— revela que lo pactado por nuestra “justicia” con la megacorruptora Odebrecht, es que somos una nación de cafres y cobardes. Porque nos arrodillamos ante el corruptor más grande de nuestra historia; en tanto comprobamos cómo otros países americanos imponen justicia, como corresponde a las verdaderas naciones.
Mientras sigamos permitiendo semejante delincuencia judicial, Perú continuará yendo al demonio.

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