El oro ilegal nos chantajea

En pleno siglo XXI, el Perú vive una fiebre del oro sin Estado, sin ley, contaminante y peligrosa. Esa historia está en los libros porque no es nueva, ocurrió en otro siglo, en otra tierra y en otro idioma.
El 24 de enero de 1848, en Coloma, a orillas del río American, en Alta California, cerca de la actual Sacramento, el carpintero James W. Marshall vio algo brillar en una acequia: era oro. Se trató de mantener el secreto, pero la noticia se propagó rápidamente. El hallazgo ocurrió pocos días antes de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo (2 de febrero de 1848), que puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos, e incorporó California y otros territorios a los Estados Unidos.
Para 1849, decenas de miles de personas llegaron a California en busca de fortuna. Así comenzó la fiebre del oro. Visto desde hoy, fue una gran invasión de mineros ilegales. Cavaron, rasparon, quemaron, la embarraron. El oro salía, pero los ríos se contaminaban con mercurio y los pueblos originarios eran arrasados. Al principio no hubo ley, solo fango, bares, prostíbulos y muerte. Pero llegó el Estado con una visión y una propuesta: caminos, títulos y reglas.
Se establecieron ciudades y límites a las concesiones. El oro creó fortunas, bancos como el Wells Fargo, ferrocarriles e industrias. Levi Strauss vendía pantalones resistentes, el apreciado jean; Leland Stanford, proveedor minero, fundó la universidad que lleva su apellido y hoy figura entre las seis mejores del mundo.
El oro fluyó hacia Nueva York para alimentar el nuevo capitalismo. En 1851 nació The New York Times, cuyas páginas se llenaron de anuncios de un mundo que crecía al ritmo del metal. La fiebre se apagó, pero dejó ciudades: San Francisco (antes Yerba Buena), Sacramento, Stockton; todas hijas del oro, pero sostenidas por instituciones sólidas. Ese orden ayudó a construir una nación y consolidar los territorios recientemente anexados.
En el Perú, el oro no deja ciudades, sino degradación ambiental y moral. Desplaza comunidades indígenas, financia prostitución infantil y trata de personas. En 2024, el oro ilegal superó los US$ 7,400 millones en exportaciones y las operaciones sospechosas alcanzaron los US$ 2,200 millones. El Estado reprime, se rinde al chantaje o se hace cómplice.
Mineros ilegales y artesanales provenientes de Puno, Cusco y Madre de Dios protestan en Lima, exigiendo prórrogas al REINFO y rechazan las fiscalizaciones. Cercaron el Congreso, enfrentaron a la policía y lanzaron amenazas de radicalización si el gobierno no cedía. Quieren paralizar al país y derramar sangre. La minería informal presiona al poder legítimo.
Esa minería tuvo una ventaja hoy perdida: no tenía rostro, y sus crímenes socioambientales quedaban impunes. Hoy ya dieron la cara. Ahora la solución recae en un Estado que esté presente en las zonas degradadas, que ponga límites y haga cumplir las reglas.
El oro debe dejar de alimentar mafias y empezar a financiar ciudades y escuelas. La patria no puede hundirse en el lodo, cuando debe elevarse sobre el oro limpio, sin chantajes.

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