El oro azul del Perú se escurre: ¡saqueo silencioso!

En el Perú existe un saqueo silencioso que avanza sin titulares ruidosos, pero con consecuencias devastadoras: la privatización del agua. Mientras en barrios populares y comunidades rurales se raciona cada gota, en los valles costeños las grandes agroexportadoras extraen millones de metros cúbicos del recurso, amparadas en un marco legal hecho a su medida. El agua, derecho humano y bien común, se ha convertido en propiedad de unos pocos.
El caso de Ica es emblemático. Desde los años noventa, la agroexportación transformó desiertos en campos de uva, espárragos y arándanos para el mercado internacional. Pero el “milagro” tuvo un costo: la sobreexplotación feroz del acuífero. En 2009, ya existía un déficit de 146 hm³ anuales; hacia 2014, llegó a 215 hm³. Hoy, comunidades enteras dependen de camiones cisterna, mientras los pozos privados de las agroindustrias bombean día y noche sin control.
La historia se repite en Piura. Allí, el 93 % de las licencias de agua están en manos del sector agroexportador. Solo Agroaurora S.A.C., del poderoso Grupo Gloria, maneja por sí sola 168 millones de metros cúbicos en una región golpeada por sequías extremas. En el distrito de La Huaca, la empresa levantó un dique sobre el río Chira para desviar el caudal a sus cultivos. La comunidad, indignada, lo derribó varias veces, enfrentándose a la policía. La Autoridad Nacional del Agua ordenó su retiro, pero la empresa desobedeció y reinstaló la estructura sin sanciones efectivas.
¿Quién controla realmente el agua en el Perú? El poder hídrico de las agroexportadoras no es casualidad, sino resultado de un andamiaje normativo a medida del gran capital. La Ley de Recursos Hídricos de 2009, el Canon Hídrico de 2023 y la Ley de Fomento al Hidrógeno Verde de 2024 consolidaron una lógica mercantil: “el agua como mercancía transferible, no como derecho fundamental”. Mientras la Constitución la reconoce como esencial para la vida, en la práctica se convierte en activo financiero de unos cuantos grupos económicos.
A esto se suma una debilidad institucional alarmante. La Autoridad Nacional del Agua cuenta con apenas 59 fiscalizadores para vigilar más de 460 mil permisos en todo el país. ¿Cómo controlar extracciones ilegales o excesivas con tan poca capacidad?
El discurso oficial insiste en que la agroexportación trae progreso y empleo, pero este “progreso” se levanta sobre desigualdad hídrica. Miles de familias racionan agua, compran baldes caros o dependen de cisternas, mientras el agua fluye a raudales para cultivos de exportación.
El supuesto éxito exportador es un espejismo que esconde una injusticia estructural: el Perú crece hacia afuera mientras su gente se seca por dentro. El agua está siendo apropiada de forma silenciosa y legalizada como si fuera un negocio más. Pero no lo es. Hablamos de vida, de soberanía alimentaria y de dignidad.
La resistencia de comunidades como La Huaca muestra que la sociedad no se resigna. Lo que falta es voluntad política: fiscalizar, desmercantilizar el recurso y recuperar el principio de que el agua es un bien común.
¡El agua no puede ser mercancía: es vida, y la vida no se negocia! He dicho.

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