El origen político de la Junta Nacional de Justicia

Como consecuencia de la desaparición del Consejo Nacional de la Magistratura, durante el gobierno del expresidente Vizcarra, fue sustituido por la Junta Nacional de Justicia, en atención a la necesidad de resolver los problemas derivados de las decisiones del que fuera el último pleno del indicado CNM, del cual se evidenciaron actos de corrupción. Es decir, nuevamente, la conducta y el comportamiento de las personas que lo integraron fue lo que originó la lamentable mala imagen de la institución, concebida como “jueces de jueces”, por la importante función que se le había otorgado.
Como suele suceder con mucha frecuencia, cuando se pretende mejorar el funcionamiento de los organismos y/o instituciones del Estado, equivocadamente se considera que, modificando su estructura y la forma como se designa o nombra a sus integrantes, las indebidas decisiones van a desaparecer. En ese sentido, los legisladores, cuando cambian las leyes o modifican la norma constitucional, siguen sin darse cuenta o lo hacen a sabiendas de que, en lugar de mejorar, terminan por empeorar lo ya existente.
La noticia de la pasada semana, referida a la decisión de la actual JNJ de iniciar un proceso disciplinario contra la actual titular del Poder Judicial y, como consecuencia de ello, el proceder de la junta directiva del Colegio de Abogados de Lima, en defensa de la Dra. Tello, de someter a los recientes nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia a un proceso investigatorio ante su Comité de Ética, nos debe llamar la atención. Pues, independientemente de las razones o motivaciones que puedan haber originado las indicadas decisiones, y dejando a salvo la honorabilidad de las personas que conforman estos importantes órganos estatales, lo cierto es que estamos frente a un problema de origen, que tiene que ver con la forma como se designa a los integrantes de la JNJ.
El procedimiento mucho más democrático y transparente con el cual se elegía a los integrantes del que fuera el Consejo Nacional de la Magistratura, bajo el pretexto, mal entendido y peor aplicado, de tomar en cuenta la meritocracia para la selección de las personas que conforman la JNJ, terminó por politizar la designación de los mismos, dando lugar a que, como hoy observamos, cualquier decisión que produzca este organismo constitucional, sin razón o fundamentos suficientes, se le quiera calificar como “decisión politizada”.
Veamos: según la reforma constitucional que originó la existencia de la JNJ, la selección de sus siete integrantes está a cargo de una “Comisión Especial”, integrada por el Defensor del Pueblo, quien la preside, el presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor General de la República (los dos primeros son nombrados por el Congreso, y el tercero, a propuesta del Ejecutivo; igualmente, el Parlamento decide). Además, forman parte de esta Comisión el presidente del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación, así como también dos rectores, cada uno elegido por las universidades públicas y privadas.
Según el esquema de selección que se tenía para el CNM, únicamente se mantiene la representación de los rectores; pues, los demás integrantes de la referida Comisión Especial, si no tienen una real “influencia política”, termina siendo totalmente contradictoria su participación, como es el caso del presidente del Poder Judicial y del Fiscal de la Nación; es decir, “los fiscalizados designan a sus fiscalizadores”.
Esa es nuestra realidad; razón por la cual se ha desnaturalizado la intención del constituyente, cuya pretensión era darle intervención a la sociedad, a través de sus instituciones que tienen relación con la administración de justicia, para que sean ellas las que elijan a sus representantes. Por lo tanto, hay que recuperar la forma de elegir a los junteros de la hoy llamada JNJ, así como retornar al nombre original de Consejo Nacional de la Magistratura, con sus consejeros.
Para ello, es necesario llamar la atención a los Colegios de Abogados a nivel nacional que, hasta hoy, no dicen nada por no tener representantes, así como a los otros Colegios Profesionales que, igualmente, inexplicablemente han guardado silencio en todos los idiomas.

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