El orden público y la turba

En nuestra columna de la semana pasada analizamos el dilema que se está planteando de facto en el Perú respecto a un escenario donde debería imperar la ley y no la ley de la turba.

Lo planteamos de esa manera porque, luego de los atentados incendiarios que llevaron a cabo turbas movidas por agitadores antimineros, contra campamentos de minas ubicadas en Ayacucho y en Apurímac, descubrimos que la policía abrumada por la violencia colectiva optó por huir del lugar dejando abandonadas sus armas que también fueron pasto de las llamas.

Se suponía que es un derecho fundamental de la población peruana eliminar todo atisbo de violencia destructiva que le impida desarrollar en paz su proyecto de vida dentro de un Estado de Derecho en el cual la fuerza coercitiva conferida por el Pacto Social reflejado en la Constitución tiene la obligación de actuar cuando la decisión política así lo dispone para restablecer el orden.

Decimos que se suponía porque luego de los atentados en referencia, la primera ministra salió en defensa de los violentistas incendiarios, expresando que la no criminalización de la protesta importa la legitimación de ésta aunque se realice con métodos violentos alterando la paz social, con lo cual ya nadie en el Perú tiene protección frente a una turba organizada que puede atacar lo que le venga en gana con total impunidad, porque si las fuerzas represivas del Estado actuaran para restablecer el orden repeliendo los ataques, es inevitable que se produzcan heridos en ambos bandos y, muchas veces, muertes no deseadas.

El problema radica en que, al parecer, a los últimos gobiernos, la vida y la integridad física de los policías les interesa nada si consideramos abusivamente que tienen el deber de inmolarse; al contrario, si los heridos o muertos pertenecen a la turba violentista, no solo se abren investigaciones contra los policías, con lo cual se frustran brillantes carreras, sino que hay una intención manifiesta de someter al personal policial a sendos procesos penales.

En el curso de esta última semana, el Gobierno ha promulgado un Decreto Supremo otorgando reparaciones en dinero a los heridos y fallecidos en la asonada provocada por agitadores políticos de diferentes agrupaciones contra la vacancia del inefable Martín Vizcarra para destruir la imagen de Merino que asumió por mandato constitucional la presidencia y destituirlo o sacarlo del poder por las buenas o por las malas para reemplazarlo por alguien vinculado al poder de turno relacionado con el lagarto.

No olvidemos que esta protesta fue sin fundamento porque nunca estuvimos frente a un golpe de Estado por parte de Merino sino a una decisión abrumadoramente mayoritaria del Congreso.

Ahora sí podemos concluir que la turba ya tiene el poder en el Perú.

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