El negocio del poder
Es posible que las representaciones diplomáticas de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido consideren que seguimos siendo colonia; inclusive que crean que Perú queda en África o algo semejante. Por lo menos, es el trato que dispensan a nuestro país, lo que rechazamos frontalmente. Es más, aguardamos que esta despreciable, grosera injerencia desaparezca —de una vez por todas— tras la toma de mando del gobierno de EE. UU. por el presidente electo Donald Trump, el 20 de enero de 2025.
Esas, entre otras delegaciones diplomáticas acreditadas en Perú, conspiran a favor del multimillonario, opaco fondo que mueve “el negocio del poder” inventado por las ONG, teledirigidas por gente inescrupulosa que representa a poderosos organismos transnacionales dedicados a gobernar, indirectamente, a países como el Perú, vía aquel arquetipo hipócrita —efervescentemente imperialista— de las ONG.
Hablamos de una jornada mundial de esos entes parasitarios, dedicada a controlar países tercermundistas, disfrazados de un falsario modelo de democracia; y de esa otra huachafería de la cultura caviar llamada “buena gobernanza” que, en rigor, no es otra cosa que un sistema de control político, perversamente ideado bajo ideas antidemocráticas por instituciones muy cuestionadas, precisamente, por esconder su real intención: manejar países como Perú a través de distintas metodologías. En nuestro caso, interviniendo descaradamente las ONG en los diferentes estamentos de nuestro sistema de justicia. ¡Desde el Poder Judicial y el Ministerio Público hasta el Tribunal Constitucional! Y lo hacen amparadas por leyes, como esa que permite que las ONG reciban —en el caso peruano— anualmente unos US$5,000 millones, sin que el Estado peruano fiscalice un solo centavo del destino de tamaño presupuesto. Con eso, el dominio de las ONG supera al de cualquier organismo estatal; incluso sobrepasa toda posibilidad de manejo político para un sistema democrático.
Como sostiene el excanciller Javier González-Olaechea, según informaba ayer este periódico, “el Perú tiene pleno derecho a conocer de dónde provienen los fondos de las ONG” (organizaciones no gubernamentales).
Este abuso —respecto al cual este escriba es un terco defensor de los intereses de su patria— se repite de tiempo en tiempo. Al final del día, las ONG acaban doblegando al Estado, consiguiendo con su poder que quede inafecto al ingreso secreto de miles de millones de dólares/euros anuales que, inclusive, pudieran servirles para azuzar revueltas “populares” o para organizar, por ejemplo, hasta golpes de Estado.
La información que publicó EXPRESO precisa que ciertas bancadas congresales —como Fuerza Popular y/o Alianza para el Progreso— se habrían allanado al ukase de embajadas extranjeras, aceptando que ONG como IDL, Aprodeh, Transparencia y mil etcéteras sigan recibiendo billones de dólares, euros, etc., del exterior, sin pagar impuestos ni que el Estado registre sus ingresos/gastos. ¡Como sí hace SUNAT con usted y la mayoría de peruanos! ¡Esto es un intolerable atentado diplomático! ¿Con qué derecho los embajadores de EE. UU., Inglaterra o Canadá presionan a nuestros congresistas, para que el Perú no fiscalice las ONG y tampoco les cobre impuestos a semejantes zánganos; mientras en sus países el Estado sí las fiscaliza y les cobra tributos?
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