El negociado de las ONG
Recientemente, EXPRESO informó que Jenny Romero Coro, ‘camarada Lucero’, desafiante terrorista perteneciente a las filas de Sendero Luminoso, advertía: “Estoy siendo defendida por el señor Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal”, división abogadil del conglomerado de ONG de Gustavo Gorriti, jerarca del Ministerio Público peruano.
Posiblemente esté financiado por George Soros –u otra fuente de procedencia extranjera– para demandar al Perú por millones de dólares que, apenas obtenidos, favorecerán tanto a Gorriti como a Rivera; y el saldo solventará a terroristas como la “camarada Lucero”, culpable del irreparable daño anímico/económico soportado por los peruanos, víctimas directas e indirectas de la mesiánica, sanguinaria guerra desatada por Sendero Luminoso contra el Perú. Evidentemente, Gorriti hace negocio perjudicando al Perú y beneficiando al terrorismo.
Y por supuesto a su ONG IDL, ente que sobrevive con dinero de dudosa procedencia –en su mayoría, proveniente del extranjero– dedicado en parte a defender a los terroristas que dinamitaron nuestro país, provocando miles de muertos –y de tullidos para siempre–, así como la destrucción de infraestructura.
Recordemos que María Elena Moyano, la finada lideresa de Villa El Salvador, fue literalmente dinamitada por los senderistas. Lo saben Gorriti y su secuaz Rivera. Pero prefieren llenarse el bolsillo con emolumentos de anónima procedencia –intermediados quizá por Open Society, ONG de Soros– que, al final de cuentas, paga la defensa de los terroristas autores de la peor masacre humana del Perú.
Al respecto, la congresista Marta Moyano, hermana de María Elena, se manifiesta así: “No puede ser que a lo largo de estos años, el Perú haya tenido que soportar a organizaciones como IDL que, simple y abiertamente, defienden a terroristas. Para el IDL, solo este tipo de gente tiene derechos humanos. Evidentemente, es una expresión más para burlarse de nuestro país”.
EXPRESO ha dado cuenta de que, a través del juez José Luis Velarde, se conoce que el IDL realiza “capacitaciones” a jueces y fiscales peruanos que, por sus características, conllevan una condición de adoctrinamiento para nuestros magistrados, acompañada de un conjunto de premios (como viajes y “talleres” gratuitos para los “participantes”), cuyo propósito es, precisamente, inducirles para que resuelvan los casos donde litigan los abogados del IDL favoreciendo a sus clientes: los terroristas. Hablamos, pues, de una táctica tramposa de determinadas ONG, infiltradas en juzgados estratégicos para, desde allí, digitar a los jueces y fiscales que se encargarán de “resolver” los casos en que están involucrados los terroristas a quienes, ardorosamente, defienden Gorriti y sus sectarios del IDL.
Sin duda, aquellas “capacitaciones” para cerca de 40 funcionarios del sistema de Justicia –cuatro de ellos siendo jueces– que vía zoom, dicta, entre otros, el abogado de IDL Carlos Rivera, constituyen un repudiable acto de corrupción, en connivencia con las autoridades del Poder Judicial responsables de contratarlas.
Un negociado que, además de traficar con cifras millonarias en dólares en beneficio de las ONG, corrompe exponencialmente al sistema judicial peruano. El presidente de este poder del Estado está obligado a esclarecer este intolerable tráfico de influencias y corruptelas en el ápice de sus fueros.
