El nefasto arte criollo de incumplir las normas

Nuestro querido Perú, tierra mágica de civilizaciones asombrosas y de tradiciones ancestrales, de gran riqueza natural y rica cultura, más allá de la fusión culinaria y, cómo no, también del extenso territorio donde las normas son vistas más como “sugerencias” que como obligaciones, tiene muchas cosas que nos hacen sentir orgullosos y otras tantas que nos hacen agachar la cabeza, como es el caso del evidente y reiterado incumplimiento de las normas.
Algunas veces parece que el respeto por la ley se clama solo cuando las cosas van mal y/o para exigir derechos que nos favorecen, a pesar de que antes hayamos indicado: “No hay norma que dure cien años, ni peruano que la resista”. Para muestra tenemos a la informalidad económica, que supera el 70%. Muchos podrían pensar que cumplir la ley, con sus requisitos, plazos y espera del pronunciamiento de la autoridad, es cosa de ingenuos, de ilusos, de tontos o de personas que no saben hacer bien las cosas. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿En qué momento el “sálvese quien pueda” se volvió el valor nacional por excelencia?
Ese incumplimiento de las normas en beneficio propio fue denominado “criollada” o “viveza criolla” y en ella identificamos la contravención de principios éticos, morales, buenas costumbres, entre otros factores negativos que conllevan un perjuicio directo a terceros o indirecto a toda la sociedad en su conjunto.
Las cifras no mienten. Según el INEI, más del 70% de la economía es informal (INEI, 2023). Según el MINEM, desde el 2002, solo el 2% de los mineros con intención de formalizarse llegó al objetivo hasta el 2024. Con ello vemos una realidad nada sorprendente: todos convivimos con la informalidad y gran parte depende de ella para subsistir.
¿Y las normas, el gobierno, el Estado? Bueno, las normas están escritas para otros, no para uno. Si quieres cumplir, cumple, y si no, ¿qué va a pasar? No obstante, es paradójicamente curioso ver cómo se puede reclamar el incumplimiento de una ley mientras se infringe otra con total desparpajo. Esto nos recuerda el viejo refrán: “Haz lo que digo, pero no lo que hago” y puede llegar a ser el discurso oculto de las autoridades y el valor nacional de sus electores. ¿Acaso se cree posible que elijamos a una autoridad que indique que, en su gobierno, las normas sí se van a cumplir, van a ser eficaces y se aplicarán las sanciones legales a quienes las incumplan?
Esto es un problema general y transversal socialmente. Desde los negocios hasta circular por las calles, todos hemos aprendido la lección: mientras no me atrapen, no he hecho nada malo. El problema es que esta mentalidad se perpetúa por la falta de educación ciudadana y la carencia de valores en casa, en el centro educativo y en nuestro círculo social y laboral. Montesinos (2021) argumenta que la falta de formación cívica y ética en las escuelas contribuye al debilitamiento del Estado de derecho. Al parecer, la “viveza criolla” se enseña desde temprana edad, cuando los niños observan cómo los adultos resuelven sus problemas, “a la peruana”, sin importarles los demás o el bien común.
Algunos claman por justicia solo cuando sufren las consecuencias. Si un vecino hace una construcción ilegal, no pasa nada… hasta que esa construcción bloquea la vista o impide la entrada del sol a la casa de al lado. Solo en ese momento se invoca la norma con fervor. “El que no llora, no mama”, dicen. La versión peruana podría ser: “El que no llora, sí denuncia”.
Todo ello evidencia la ineficacia del sistema legal. Según García (2022), en Perú las normas están, pero no se cumplen, y cuando se cumplen, se cumplen mal. Ello, a razón de la falta de autoridad, la corrupción endémica, la falta de recursos para fiscalizar y la cultura del “arreglo bajo la mesa”, hace que el ciudadano medio vea la ley como un adorno más que como una regla que respetar. Evitemos el refrán popular que es el lema del fracaso: “Hecha la ley, hecha la trampa”.

César Alfredo Montes de Oca Dibán
Abogado, docente universitario, consultor legal

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