El Ministerio Público está absolutamente politizado
Como siempre ocurre —aunque no debiera serlo— en épocas presupuestales las entidades estatales sacan la navaja para pelear la mejor asignación presupuestal y, de esta manera, asegurarle una “buena marcha” a sus obligaciones. Esto, por supuesto, pensando metafóricamente. No tanto al hablar de navajas, sino por aquello de asegurarle “un buen desempeño” a sus funciones. Porque en el Perú, pretender facilitarle esta condición a, siquiera, una sola obligación de cualquiera entidad estatal, constituye una absoluta utopía. Por más presupuesto que consigan, la rémora burocrática y la corrupción se encargan de digerir todas las partidas asignadas, obligándola a cualquiera otra cosa menos cumplir con sus deberes funcionales.
Es el caso del Poder Judicial y el Ministerio Público que —a través del MEF, primero, y del poder Legislativo, después— han venido fundamentando sus reclamos presupuestarios, exhibiendo cifras y supuestos resultados sobre la manera en que la ausencia de recursos afectaría la debida calidad de la justicia.
Inicialmente, para el año 2025 el Poder Judicial ya venía solicitando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) S/ 5,132 millones para solventar “obligaciones adicionales” tanto en infraestructura como equipamiento y descarga procesal. Por su lado, el MEF decidió asignarle solo S/ 3,915 millones, cifra que, según el Poder Judicial, “no cubre ni las necesidades mínimas”.
¿Por qué dice que es insuficiente? En primer término, porque el Poder Judicial alega, con razón, que ya arrastra un déficit de jueces por habitante; y, por otra parte, porque necesita afrontar liquidaciones ante renuncias motivadas por bajas remuneraciones. También manifiesta, como otra causal, la falta de locales apropiados para los juzgados —y las condiciones precarias en que se halla la gran mayoría de estos— lo que hace propicio que “no puedan ejecutarse muchos procesos judiciales”. En otros casos alegan la desmotivación del personal, como razón que impide prestar debido cumplimiento a estos procesos.
Sin embargo, las motivaciones sobre limitación presupuestal que presenta el Ministerio Público, solo reviste visos de alegatos políticos, antes que técnicos y legales. Afirma como única expresión que el presupuesto asignado es insuficiente para cubrir la demanda nacional. Negando cualquier “interferencia política y/o falta de autonomía funcional” y llegando a denunciar presión desde el Ejecutivo y Legislativo, “para frenar investigaciones y protestar contra el Código Procesal Penal y otras leyes”. Esto, además de culpar a ambos poderes por la excesiva judicialización y el archivo de denuncias; lo que, a su vez, genera dilaciones innecesarias.
Finalmente, al Ministerio Público le fascina culpar a la Policía Nacional, al Poder Judicial y/o la Procuraduría, alegando que estos institutos “no siempre cooperan de forma efectiva”, relacionando aquello a la pérdida de pruebas, demoras en diligencias y falta de ejecución de medidas cautelares.
Estas evidencias inducen a que, al más breve plazo, los tres poderes del Estado preparen alguna propuesta legislativa que, fundamentalmente, ponga en su sitio al Ministerio Público. Tratar de esta manera al Estado solo se explica por la ínfima clase de gente que hoy, mayoritariamente, conforma la Junta de Fiscales Supremos. ¡Si así tratan al Estado, imagínese cómo maltratarán a Juan Pueblo!
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