¿El Ministerio Público capturado?

El pasado lunes 14 de julio, en el marco de la Comisión Multipartidaria del Congreso que investiga el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado y la constructora Odebrecht —la cual presido—, recibimos declaraciones que llamaron poderosamente nuestra atención.
El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, confirmó públicamente que recibió en su despacho a Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, en al menos una o dos ocasiones durante el periodo en que se llevaban a cabo las investigaciones más sensibles del caso Lava Jato. No es una conjetura: el propio Sánchez admitió haber tenido estas reuniones, aunque intentó justificarlas señalando que formaban parte de una supuesta consultoría comunicacional.
Este reconocimiento, lejos de despejar las dudas, genera aún más interrogantes: ¿desde cuándo un periodista que lidera investigaciones mediáticas tiene la capacidad de influir en el Ministerio Público bajo la figura de “asesor en comunicaciones”? ¿Qué tipo de acuerdos se tomaban tras puertas cerradas?
Más preocupante aún fue la intervención del propio exfiscal en una diligencia fiscal que se desarrollaba en las oficinas de IDL. Según su propio testimonio, al recibir una llamada de Gorriti alertando que un fiscal estaría actuando sin credenciales, contactó al funcionario y, finalmente, decidió suspender el operativo. Sánchez afirmó que “ahí quedó todo”. Sin embargo, esta afirmación no borra el hecho de que un fiscal de la Nación tuvo comunicación directa con un periodista investigado, y que, tras esa llamada, la diligencia fiscal se frustró. Nuevamente, no estamos aquí ante rumores, son declaraciones del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Tampoco se debe ignorar que, durante la gestión de Sánchez, se dotó a un equipo especial para el caso Odebrecht, precisamente con fiscales que, según múltiples versiones, habrían sido promovidos o respaldados por el entorno de IDL.
Hoy sabemos que ese acuerdo de colaboración eficaz fue firmado en las condiciones propuestas por Odebrecht, sin garantizar una reparación civil adecuada para el país, y sin ampliar el marco de investigación a todas las obras comprometidas, para finalmente poder aplicar todo el peso de la ley, de ser el caso.
Resulta, asimismo, gravísimo que la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, haya archivado una investigación contra Sánchez, relacionada con los famosos CNM audios. Luego, Sánchez votaría a favor de Espinoza para asumir el cargo de fiscal de la Nación.
Todo esto dibuja una presunta cadena de favores que debe ser investigada a profundidad por el Congreso. La justicia jamás puede ser capturada por intereses subalternos en desmedro de los intereses nacionales. El Perú tiene derecho a conocer la verdad sobre el acuerdo con Odebrecht, y a contar con un sistema de justicia transparente e imparcial.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.