El manoseo de las reformas de los organismos constitucionales

Los desencuentros internos, por decir lo menos, o desaciertos en la toma de decisiones de su funcionamiento en el Ministerio Público y el Poder Judicial, y me atrevería a incluir a todos los demás organismos constitucionales, así como también a los órganos estatales, dejando a salvo la honorabilidad personal de los actuales integrantes de los mismos, nuevamente —entiéndase bien— no es un problema de la estructura de su propia organización, sino de las personas que los integran.
En ese sentido, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por los nuevos “experimentos” que se pretenden aplicar, de los muchos que ya se han ofertado, y algunos que se han venido implementando a lo largo de varias décadas, con resultados negativos. Pues, se continúa considerando que cambiar la organización del organismo constitucional puede mejorar su funcionamiento y no se toma en cuenta que las personas que los integran y sustituyen a las anteriores pueden tener las mismas taras, malas costumbres y actitudes que atentan contra los más elementales principios de ética y moralidad.
La mejor prueba de lo antes mencionado es lo que aconteció con lo que fuera el sustituido Consejo Nacional de la Magistratura, el cual, de estar conformado por los representantes de las instituciones que están vinculadas a la administración de justicia, y cuya conformación correspondía a la elección pública de sus integrantes, pasó a ser, con la Junta Nacional de Justicia, y con la siempre pretendida intención de hacer primar la meritocracia, un organismo politizado, en el que los que tienen en sus manos la selección y designación de sus miembros, o junteros, son las autoridades nacionales que conforman la llamada “Comisión Especial” de los organismos constitucionales, y cuya elección es efectuada por el Congreso de la República, lo cual evidencia la influencia política en la designación de los que conforman la JNJ.
El considerar que la capacidad e idoneidad de la persona, fundada únicamente en sus calificaciones meritocráticas, garantiza que su conducta sea irreprochable, es un error. ¿Acaso no es cierto que las personas vinculadas con actos de corrupción son muy inteligentes, “pero, para lo malo”?
En consecuencia, si queremos mejorar el resultado de la forma de cómo se administra la justicia en el Perú, se debe comenzar por despolitizar la designación de los miembros de la JNJ y empezar por recuperar la denominación más acertada que tenía (CNM). Sean los abogados y los demás colegios profesionales los que, en una elección limpia y transparente, elijan a sus representantes, así como también lo debe hacer la Corte Suprema, en sesión de Sala Plena, y el Ministerio Público, a través de la Junta de Fiscales Supremos. En estos dos últimos casos, el nombre de los propuestos y posibles elegidos debe darse a conocer con mucha anticipación, a fin de que sean sometidos al “escrutinio público” y evitar así malas decisiones.
Y, por supuesto, como lo fuera con el CNM y ahora con la JNJ, la academia debe también estar representada a través de los elegidos por los rectores de las universidades públicas y privadas.
Por otro lado, y con la finalidad de ir reduciendo la enorme carga procesal que tienen los organismos que ejercen función jurisdiccional, se debe comenzar por variar la mala costumbre de elaborar resoluciones que tienen una innumerable cantidad de páginas, lo que obliga al directamente interesado a tener que consultar con su abogado para que le explique qué quiere decir la Sala o el Tribunal correspondiente al resolver.
Es innecesario y negativo continuar tratando de mejorar la administración de justicia en el Perú a partir de propuestas políticas, las cuales solo buscan satisfacer inquietudes o aspiraciones de los propios políticos, dejando de lado a los que están directamente involucrados con su manejo, como es el caso del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como también al gremio de los profesionales del Derecho, hoy marginados sin ningún basamento ni justificación.
Por lo tanto, y en atención a portas del término de su mandato, hay que decirles a las autoridades salientes que dejen de seguir manoseando a las instituciones y se preocupen de dejar la administración del país mejor de cómo la encontraron.

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