El laberinto de la inseguridad
El reciente atentado terrorista contra la sede del Ministerio Público en la ciudad de Trujillo (La Libertad), perpetrado por un grupo criminal que busca diseminar miedo entre la población y amedrentar a las autoridades que los investigan, dinamitó no solo su fachada y estructuras, sino que puso en la agenda pública y política el avance incontenible de la inseguridad ciudadana y la violencia estructural.
Quienes exigen la renuncia del actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, equivocan al enemigo que debemos doblegar. Si queremos enfrentar con éxito este flagelo, debemos promover un frente común que reúna fuerzas del orden público con instituciones de inteligencia, fiscalización, legislación, control y justicia para defender con uñas y dientes el Estado de derecho. Esto significa ejecutar, oportuna y adecuadamente, las reglas de juego del orden democrático para sostener la institucionalidad sin que nos tiemble la mano.
Según el último estudio mundial sobre homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), más de 400,000 personas son asesinadas cada año en todo el mundo (una media de 440,000 entre 2019 y 2021), cifra muy superior al número de personas que mueren cada año en conflictos armados. Varios factores socioeconómicos influyen en las tasas de homicidio doloso: desigualdad social, desempleo, inestabilidad política, accesibilidad de las armas de fuego (algo más de la mitad de los homicidios se cometen con este tipo de armas) y, en particular, el desarrollo de las bandas, la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.
América Latina y el Caribe son considerados puntos calientes de la delincuencia organizada y la violencia de las bandas en el mundo, con países como Honduras (38 asesinatos por cada 100,000 habitantes), Belice (31), México (28) y Colombia (27), que registran tasas de homicidio doloso entre cinco y siete veces superiores a la media mundial (5.8 por cada 100,000 habitantes en 2021). Las cifras en Perú no superan aún las de Ecuador, Colombia, Brasil y México. ¡Pero debemos actuar ya!
La respuesta a un acto terrorista (el cual busca desestabilizar el orden establecido por la voluntad y el voto popular) no es pedir la renuncia del titular del Interior de turno, sino sentarse con él en una mesa de trabajo conjunta que restablezca el orden público y ponga tras las rejas al verdadero enemigo de la convivencia social: las bandas criminales e ilegales que pretenden atar de manos a quienes ejercen justicia y liberan territorios para sobrevivir en total impunidad.
El laberinto de la inseguridad ciudadana no debe llevarnos a confundir grados delictivos de terrorismo. El móvil último del terrorismo no diferencia niveles. Un acto terrorista, más allá del daño causado, siempre será un acto terrorista. No podemos tener ningún miramiento ni mostrar debilidad para enfrentarlo. Las democracias modernas se defienden con mano dura, caiga quien caiga. De otro modo, solo caeremos en un círculo vicioso y anárquico cuyo principal beneficiado siempre será el grupo ilegal que más violencia utilice para imponerse sobre la convivencia social. ¡Advertidos estamos!
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