¡El JNE y la ONPE no son una isla!

Si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hubiera fiscalizado a Castillo, este no hubiese llegado a la presidencia de la República y no estaríamos en la situación de incertidumbre en que nos encontramos.

Castillo omitió información en la declaración jurada que presentó ante el JNE cuando fue candidato a la Presidencia, al ser accionista y gerente de la empresa Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP S.A.C., por lo que fue denunciado ante el Ministerio Público por el autor de este artículo entre la primera y segunda vuelta, aquí fallaron también los personeros legales de las organizaciones políticas, que no se dieron el trabajo de investigar.
Se abrió la investigación y la fiscal Elizabeth Figueroa de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima dispuso que se recoja la declaración de Castillo por los delitos de falsedad genérica y falsedad ideológica, se reciba la declaración del procurador público del JNE y se solicitó se remita el expediente (padrón informativo) de inscripción del candidato Castillo.

La Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE es la encargada del desarrollo de la función fiscalizadora, en ese sentido, “de manera permanente e ininterrumpida formula, propone y ejecuta los planes y acciones para cumplir dicha función. La fiscalización electoral es un elemento clave para el fortalecimiento del sistema democrático del país, pues constituye un mecanismo de vigilancia y control, y de esta manera se garantiza la legalidad del sufragio y la voluntad popular de los ciudadanos”, reza dicho texto en la página web del JNE, pero no fiscalizaron nada y Castillo fue electo presidente de la República. Las consecuencias del gobierno del indocto y toda su pléyade sigue golpeando al pueblo con paros, protestas, bloqueos de carreteras y llegando al absurdo de pretender su libertad, que Dina Boluarte renuncie, se cierre el Congreso y se convoque a una Asamblea Constituyente, disparates que no tienen ningún asidero constitucional ni menos jurídico.

Los artífices de esta barbarie política y zozobra son tanto el JNE y la ONPE, las cuales -les guste o no- tienen necesaria y forzosamente que estar sujetas al mandato constitucional y no ser una isla, donde nos imponen a candidatos y… las consecuencias son más que terribles.

Hay que defender la posición del recorte de mandatos de los titulares del JNE y de la ONPE por la serie de irregularidades, como ha quedado demostrado durante los comicios presidenciales del 2021.

La congresista de Avanza País, Roselli Amuruz, presentó el proyecto de ley que propone recortar “por única vez” los mandatos del presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, y del jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Entre los fundamentos del proyecto se indica: “Los principales representantes de los órganos que integran el sistema electoral peruano deben sujetarse a un recorte de su mandato, con el propósito de generar neutralidad en las próximas elecciones generales (...) por los periodos constitucionales; de tal forma que este recorte debe extenderse al JNE y ONPE, quienes no constituyen una isla en el proceso, y por el contrario, convertirá en un proceso electoral sólido”, refiere el documento.

Se inscribió indebidamente la plancha presidencial, no se contó debidamente los votos y se permitió que los muertos votaran al no depurar el padrón electoral; con estos antecedentes y por la higiene moral y la decencia del país, lo correcto es que renuncien, al no hacerlo no queda otro camino.

El Perú merece un proceso electoral transparente, pero sobre todo cristalino.