El informe lapidario de EE.UU. sobre los derechos humanos en el Perú

Mientras acopiaba y ordenaba la información que me iba llegando sobre el lapidario informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que refiere como grave la situación de los derechos humanos en el Perú, y que fuera dado a conocer por el propio secretario de Estado, Antony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, el pasado 22 de abril, tan solo dos días después, el canciller Javier González-Olaechea y, esta vez, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, partieron hacia París y China. Ninguno dijo absolutamente nada acerca del preocupante documento de la Casa Blanca que refiere como creíble las acusaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, así como el uso letal y desmedido de la fuerza que produjo cerca de 50 muertos durante las manifestaciones sociales en el sur del país al inicio de 2023. Más allá de que el viaje de los ministros tendrá que ser cotejado por sus resultados concretos –en París para la reunión del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a China, para fortalecer la relación bilateral, según se ha explicado–, lo cierto es que, conociendo del preocupante informe, se fueron sin decir una sola palabra o es que no importa el parecer del país más poderoso del mundo sobre los referidos hechos calificados de violentos en nuestra patria. Creo que la presidenta de la República, Dina Boluarte, hasta ahora no es consciente de lo que podría decantadamente esperarle, una vez que deje el cargo en 2026. La imputación objetiva que pesa sobre la jefa de Estado es muy seria y confirmo que no se ha hecho nada para evitar que siga imparable el proceso de construcción de la responsabilidad punitiva sobre ella –por donde viaja no faltan carteles calificándola de asesina–, y otros ministros, sin calcular que podrían terminar con denuncias ante la Corte Penal Internacional por la comisión del delito de lesa humanidad. Con la gravedad en el marco personalísimo de nuestras autoridades que para ellas ya debe ser muy preocupante, está –repito– la gravísima imagen del Perú. Con el dramático contenido de este informe que mella nuestra performance internacional y nuestras aspiraciones como sujeto y actor internacional, francamente poco o nada vamos a conseguir y no debemos engañarnos de esta trágica realidad. No hubo ninguna explicación al país sobre lo que ha concluido Estados Unidos con lo cual se confirma lo que es un secreto a voces, es decir, que la agenda de los ministros es personal, sin importar la del país y desde luego la de Dina Boluarte en su condición de mandataria. La postura gubernamental en relación a este delicado asunto sobre derechos humanos es la de avestruz pues se ocultan o esconden de una realidad ciclópea tan evidente que tarde o temprano pasará factura por no haber estrategia para neutralizar esta complejidad o llevar adelante un necesario control de daño con efectos directos en los imputados y por supuesto en el país y en su alicaída imagen internacional, que por el informe nos coloca como Venezuela, Nicaragua o Cuba, países en los que las violaciones de derechos humanos han afectado la proyección del Estado mismo.

Excanciller del Perú e Internacionalista

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