El importante rol del TC para equilibrar el poder

En un Estado Constitucional del Derecho, el ejercicio del poder estatal no puede ser arbitrario pues debe responder a un marco constitucional y legal. Las instituciones no son ámbitos estancos de protagonismos individuales, pues se antepone el interés general que guía su actuación. Cuando prima el respeto por la Constitución y las leyes, prima el orden y la justicia. No hay conflictos que se resuelvan al margen del ordenamiento jurídico constitucional ni que pasen por alto las decisiones judiciales, las cuales se configuran como aporte clave para lograr la paz social.

En esta línea, la Constitución se presenta como la norma suprema que rige al Estado y a la sociedad. Ahora bien, desde la visión neoconstitucionalista, la garantía de la interpretación judicial se determina como una natural consecuencia de la fuerza normativa de la Constitución, cuyo rol protagónico cobra mayor fuerza cuando estamos frente a antinomias lo cual requiere de una actividad “negativa o anuladora” –tal como lo denominara Ferrajoli– actuando así como un legislador negativo. Si la función judicial garantista la proyectamos al plano de los procesos políticos, este rol de “legislador negativo” no aportará a fortalecerlos sino que puede conducirnos a un desequilibrio del poder pues de alguna manera, invalida las naturales funciones del poder legislativo.

Por esto, nuestro sistema mixto sostiene la presencia del Tribunal Constitucional, no solo como el supremo intérprete de la Constitución sino como el garante positivo de la Constitución y las leyes. Su labor interpretativa no es la de un mero juez que resuelve para responder a intereses individuales o al simple anhelo de la exigibilidad material de las leyes, sino para garantizar la efectiva vigencia de los derechos fundamentales. Además, el rol de pacificador social del Tribunal se proyecta en la labor que realiza al controlar el poder a través de sus sentencias. Es decir, sus sentencias que resuelven los conflictos de competencia de los poderes del Estado, contribuyen a fortalecer el principio de separación de poderes y aportan a la legitimidad de las funciones y competencias de los poderes del Estado.

Más allá de la impopularidad de las autoridades que conforman los poderes elegidos por voluntad popular, es importante conocer que la Constitución ya establece mecanismos de control político mutuos, de tal manera que uno no termine invadiendo al otro. Pero, es el Alto Tribunal que, mediante su interpretación, hará prevalecer los valores y principios constitucionales ante un conflicto de competencias entre ellos. Por tanto, en medio de toda crisis política y social, es justo dimensionar el rol del Tribunal Constitucional como el máximo órgano judicial garante de los valores y principios de nuestra democracia constitucional.

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