El guerrillero y la paz

Gustavo Petro ha sido noticia por su delirante idea de “recuperar” (¿?) Santa Rosa, territorio que forma parte de la isla Chinería en Loreto, yendo en contra de lo estipulado en tratados internacionales que confirman su pertenencia a territorio peruano.
Detrás de esto estaría su interés en acceder al río Amazonas.
Su forma de ser confrontacional, reactiva y autoritaria distingue su conducción en el gobierno de la hermana Colombia, que hoy se encuentra sumida en una crisis de inseguridad alarmante.
El reciente atentado contra el precandidato de la oposición Miguel Uribe Turbay es clara evidencia de su fracasada política denominada Paz Total.
En una reciente encuesta, el 89 % señala que la inseguridad se ha incrementado de forma alarmante y el 59 % opina que no existen garantías para hacer oposición democrática en Colombia.
Estos son los logros de un gobierno de izquierda con alta desaprobación: incremento de la corrupción, de la inseguridad y escasos resultados en las políticas públicas con impacto social.
Cualquier parecido con nuestra realidad no es pura coincidencia.
El reciente artículo de la revista The Economist, “A martyr in the making” (“Un mártir en formación”), refleja con sutil ironía el fracaso de su política denominada “Paz Total”, la cual permite negociar con grupos armados y del crimen organizado con el objetivo de “someterlos” a la justicia con beneficios judiciales y el consecuente desarme de la estructura criminal.
Sin embargo, los resultados de estas negociaciones simultáneas con las disidencias de las FARC y organizaciones criminales como el Clan del Golfo lo único que han logrado es el debilitamiento institucional y la fragmentación de todo esfuerzo estatal en la lucha contra el crimen organizado, favoreciendo la expansión territorial de los actores ilegales.
Un fracaso que el guerrillero del M-19 pretende esconder tras su permanente actitud de víctima.
Su confrontación permanente con el Congreso colombiano lo aleja cada vez más del consenso necesario para fortalecer la legislación colombiana en materia de seguridad.
Por el contrario, está en vías un proyecto de ley que, aparentemente, pretende someter a la justicia a los grupos criminales.
Sin embargo, este propone amplios beneficios judiciales, que extienden la justicia transicional a grupos narco-criminales como el Clan del Golfo, que no tiene estatus político, por lo que las negociaciones no serán sobre una agenda política y social, sino sobre beneficios penitenciarios con penas entre 5 a 8 años para los cabecillas criminales y rebajas de penas de hasta el 70 % para los jóvenes acusados de tortura y asesinato en el estallido social del 2019.
Todo un incentivo a la impunidad.
Así las cosas, el mayor opositor en la contienda electoral colombiana del 2026 será la criminalidad organizada, empoderada y fortalecida por un gobierno que solo busca distraer la atención de los colombianos con supuestos conflictos territoriales, cuando lo que está en juego es la democracia de un país hermano que logró salir del terror de las guerrillas, que hoy parecen tener a su mejor aliado en la Casa de Nariño.

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