El Grupo Coraje
Se encuentra al voto en el Tribunal Constitucional el proceso de inconstitucionalidad planteado por el gobierno de PPK contra la Ley 30683 que puso fin al régimen discriminatorio establecido para los pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policiales por el DL 1133, expedido en forma extraña y paradójica durante el régimen de Ollanta Humala.
El DL 1133 es absolutamente inconstitucional ya que divide a dichos pensionistas entre quienes pasaron al retiro antes y después del 10 de diciembre de 2012, congelándoles las pensiones a los primeros y otorgándoles a los segundos un régimen de privilegio frente a estos que viola en forma flagrante el artículo 2do, inciso 2 de la Carta Magna que prohíbe todo tipo de discriminación.
No me extraña que hayan sido dos presidentes corruptos quienes hayan participado en esta doble jugada: está claro que, además de las graves acusaciones que pesan en su contra, Humala no estaba preparado para gobernar el Perú y lo que sí resulta indescifrable son las razones de este atentado inconstitucional contra sus propios compañeros de armas; Kuczynski, por su parte, fue el entusiasta promotor de la derogatoria de la Ley 20530 perjudicando a miles de pensionistas so pretexto de ahorrarle ese gasto creciente al Estado, mientras se llenaba los bolsillos –como está probado– con ese mismo dinero que continuó regateando a los pensionistas ya en su calidad de jefe del Estado.
El fondo del asunto es que se considera que la planilla pasiva del Estado es demasiado onerosa para mantenerla y que las concesiones que se hagan a un sector determinado pueden convertirse en demandas de otros sectores que son impagables
Con un ritmo de latrocinio de las arcas estatales de no menos de 15 mil millones de soles anuales habría que preguntarse si ese argumento es valedero o si en verdad lo que ocurre es una suerte de desaprensión, de desprecio por los derechos de quienes, al jubilarse, tienen, y repito la palabra, todo el derecho de hacerlo con pensiones que les permitan vivir con dignidad y sin apremios.
Claro, ni Humala ni mucho menos Kuczynski tienen esas preocupaciones que comparten los 97,300 pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policiales y decenas de miles de otros peruanos de la tercera edad.
El Tribunal Constitucional debe confirmar la plena validez de la Ley 30683 por muchas razones, que incluyen también el reconocimiento a quienes han defendido a nuestra Patria en las más difíciles circunstancias, como exige el Grupo Coraje que los representa.
