El gran bonetón
Conociendo la situación de calamidad de nuestro país, es bueno que tras el escándalo mundial que produjo el cierre de la única pista de aterrizaje con que cuenta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sepamos que ese incidente se prolongará per sécula y finalmente, nadie será responsable. ¡Al paso que van las cosas, no nos equivocamos! Este país está de cabeza. Consecuentemente, todo lo que pueda suceder, ocurrirá, amable lector. Y nadie pagará por su culpa en ahondar la crisis de confianza que continúa destruyendo lo poco que queda de lo que alguna vez llamamos el Estado Peruano.
Ha transcurrido un mes desde aquel desaguisado, y todo permanece igual. No existen culpables. Ni en Corpac, Ministerio de Transportes, Dirección de Aeronáutica o los vericuetos que conforman esta masa llamada Estado. Consecuentemente los más de doce mil afectados permanecerán protestando hasta el cansancio, reclamando por los daños que les ha causado el cierre del primer terminal aéreo nacional. Aun existiendo una supuesta póliza internacional por US$ 500 millones, como manifiesta Corpac (¿no serán US$ 5 millones?), contratada por este extraño país para cubrir “eventualidades” como estas. El Perú no ha indemnizado a ninguna de las más de diez mil víctimas del descuido de sus autoridades, al no haber revisado durante una década entera el estado de los cables que abastecen de energía eléctrica a las luces que iluminan la –repetimos– única pista de aterrizaje que, más o menos, funciona en nuestro único terminal aeródromo capitalino.
La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) culpa a Lima Airport Partners (concesionaria del Terminal Aéreo Jorge Chávez); esta responsabiliza a la Dirección General de Transportes; y, sellando con broche de oro aquel círculo vicioso que evitará que algún día exista un culpable, la Dirección General de Transporte Aéreo responsabiliza al Ministerio de Transportes y este culpa nuevamente a Corpac. Y así sucesivamente.
El incidente dejó más de 10 mil pasajeros varados y produjo la cancelación de 128 despegues –y otros tantos aterrizajes– de vuelos que nunca ocurrieron, o sus pasajeros siguen saliendo a cuentagotas, abandonados a la suerte de Dios.
Wilson Soto Palacios, presidente de Codeco, expresó su “profunda preocupación” por la falta de acciones para resarcir a los usuarios, señalando que, pese a la activación de una póliza de seguro por US$ 500 millones, ningún usuario ha recibido compensación hasta el momento. Ante la catarata de protestas –locales/internacionales– José Antonio Rubio Travi, Gerente General de Corpac, dijo suelto de huesos: “El proceso está en marcha”, refiriéndose a dicha póliza y al reporte de un ajustador de seguros. Es el máximo esfuerzo que hará este mamut llamado Estado peruano para aplacar el justo reclamo de los diez mil o más usuarios de nuestro primer terminal aéreo, defraudados por la burocracia que maneja nuestro Estado, secuestrado a su vez por la mafia caviar-comunista gracias a la cobardía de la inmensa masa de peruanos, que prefiere mirar al techo y seguir tejiendo, antes que reclamar enérgicamente para deshacerse de quienes han secuestrado su país.
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