El gobierno está en deuda con el sector electricidad
Cuatro ministros en la cartera de Energía y Minas en dos años y siete meses de gobierno es más que elocuente del desmanejo en que se encuentra sumida esta importante área de la economía, intensiva en uso de capital y gran aportante del PBI.
Si bien es cierto que la minería está en una especie de segundo debut, es más por iniciativa propia de los inversores que por méritos ministeriales. En hidrocarburos, los problemas sobran por doquier, empezando por la formulación frustrada de una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es la guía de las actividades. En electricidad, cuya normativa es compleja, que data de hace 26 años con múltiples enmendaduras y donde una reforma integral es indispensable, se ha recurrido a intentos de poner parches generando más problemas en lugar de soluciones.
Me referiré en el sector electricidad a dos puntos, que el Ministerio ha pretendido intervenir con propuestas erradas. El primero corresponde al proyecto de Ley 2320/2017-CR, donde no se ha tenido la entereza ni la convicción suficientes para decir que se está atentando contra los conceptos económicos de costo marginal y de funcionamiento de un mercado de competencia. El segundo, en relación a la promoción de la generación mediante recursos energéticos renovables (RER), pretendiéndose crear favoritismo en pro de los parques solares en perjuicio de las generadoras de bajo costo de producción, dando paso a centrales a diesel cuyos costos quintuplican a las anteriores.
En este último punto reseñado parece que al ministro, que no es un conocedor del sector, lo están sorprendiendo con propuestas sin que le expliquen la connotación de las mismas. Visto desde fuera, parece la pretensión de un lobby respaldado por asesores que tienen el ánimo de quedar bien con sus clientes -donde están tirios y troyanos- creando un frankenstein al que, al menor cuestionamiento, le quieren agregar una tuerca más.
La generación RER es una tendencia mundial innegable, a la que se debe dar acceso al mercado de competencia sin prohibiciones administrativas, pero a la que no se puede promocionar con normas creando condiciones artificiales. Estamos a tiempo de hacer modificaciones normativas racionales, sin presiones de grupo de interés y malos consejos.
