El gato peruano de Schrödinger

El físico austríaco Erwin Schrödinger propuso la paradoja del gato como una crítica al modelo de la mecánica cuántica defendido por el Grupo de Copenhague, encabezado por Niels Bohr. En su artículo “La situación actual de la mecánica cuántica” (1935), plantea un experimento teórico: un gato es encerrado en una caja con un dispositivo que libera veneno al ser observado. Así, el gato estaría, según esa interpretación, vivo y muerto al mismo tiempo. Esta paradoja se convirtió en símbolo de la indeterminación y la dualidad de los sistemas cerrados.
¿Pero qué tiene que ver un gato cuántico con el derecho peruano? Mucho. Nuestra legalidad parece encontrarse en un estado de superposición normativa, donde principios constitucionales coexisten con prácticas administrativas que los contradicen, y donde una sentencia puede ser válida y nula a la vez, hasta que una instancia superior —el “observador”— la revise.
Esto se evidencia en normas contradictorias que rigen simultáneamente, como en algunas disposiciones regionales que chocan con leyes nacionales. También en el doble discurso institucional, donde se condena la corrupción mientras se firman contratos irregulares; o en el derecho penal populista, donde se presume la inocencia, pero se trata a personas como culpables desde la prensa o el Congreso.
Así vivimos en un sistema jurídico en el que la ley se interpreta según la conveniencia del poder de turno. La inestabilidad institucional, la discrecionalidad de las autoridades, la sobrerregulación y la falta de predictibilidad judicial son síntomas de un sistema que se niega a “abrir la caja” y definir el estado real de las cosas. El derecho, en lugar de ofrecer certeza, se convierte en una herramienta de control, adaptada a intereses coyunturales, muchas veces sin legitimidad.
Un ejemplo es la reforma del artículo 113 de la Constitución sobre la vacancia presidencial, que abrió una interpretación ambigua de la “incapacidad moral”. También ocurre con normas ambientales o con la consulta previa del Convenio 169 de la OIT, que muchas veces se aplica de forma simbólica y no vinculante, ignorando el derecho que supuestamente protege.
La educación jurídica también debe repensarse. Como sostiene Ronald Dworkin en El imperio de la justicia (1986), el derecho es una práctica interpretativa que exige compromiso moral, no solo técnica. No se trata de operar con gatos en cajas cerradas, sino de abrirlas, observar y asumir las contradicciones del sistema.
El experimento de Schrödinger nos recuerda que la realidad no se define hasta que se enfrenta. En el Perú, el derecho vive en esa incertidumbre entre lo que se dice y lo que se hace. Abrir la caja es una exigencia ética. Como dijo Francisco Miró Quesada Rada, la educación jurídica debe formar no solo abogados, sino ciudadanos capaces de indignarse ante la injusticia.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.