El factor Lagarto

No ha sido una paradoja que la semana fenecida haya empezado con la aparente victoria de la señora Delia Espinoza sobre Patricia Benavides en la puja por la titularidad del Ministerio Público (gracias al solícito alumno de IDL-Justicia Viva, el juez Segismundo León y su írrita resolución mediante la cual suspende a esta última) y culminado con el fracaso estrepitoso del fiscal Germán Juárez Atoche en su intento por generar una prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra. Ambos hechos forman parte del mismo arco degradante que evidencia hasta qué nivel llegó el deterioro de la institución llamada constitucionalmente a promover de oficio o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.
Hay mucho pan que hace falta rebanar en la fiscalía y no le cabe a la doctora Espinoza proclamar triunfos al estilo del ayatolá Ruhollah Jomeiní después del bombardeo estadounidense a las plantas nucleares iraníes. La reforma tendrá que darse. No por el actual Congreso deslegitimado sino por iniciativa de la nueva representación política surgida el 2026, pero con la influencia determinante de verdaderos juristas independientes y probos. Las garras de los intereses fácticos deben ser destruidas para siempre.
Cabe detenerse en las consecuencias acarreadas por el triste papel del balbuceante Juárez Atoche en lo de la detención preventiva de Vizcarra. Para quienes nos hemos manifestado siempre contra la manera cómo ha sido trajinada en nuestro país dicha medida cautelar de carácter excepcional (por obra y gracia de fiscales tipo José Domingo Pérez y jueces “caneros”) no era importante que la petición recayera sobre el ex jefe de Estado moqueguano, el cual también nos suscita la absoluta convicción de que ha cometido diversos delitos y es la encarnación del ser más taimado y cínico que alguna vez hayamos visto en la palestra pública.
No. Lo trascendente era evitar ese show y apuntalar las restricciones que razonablemente dictó el juez Víctor Alcocer para luego retomar la focalización del proceso por cohecho que se le sigue a Vizcarra, acusado con pruebas fehacientes e irrefutables de haber recibido coimas en su condición de gobernador de Moquegua. Y esa focalización tiene como una de sus aristas acelerar la actuación del Poder Judicial en el caso y con ello atajar la lenta y tal vez efectiva campaña del llamado Lagarto para exhibirse ante el mundo como un perseguido político.
A la luz del fracaso de Juárez Atoche, hay margen para sospechar que en realidad la jugada era otorgarle otra presea a Vizcarra como ya antes las obtuvo al tumbarse seis de siete imputaciones fiscales. Tema que Vizcarra ventila con soltura como parte de sus éxitos judiciales a través de las redes sociales, plataformas muy bien usadas por él y su corte ayayera.
Guste o no, el Lagarto ha robustecido su estatus de factor político. Gracias a Juárez Atoche y a todos quienes aparentan perseguirlo pero quizás desean verlo nuevamente en Palacio de Gobierno.

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