El escándalo Susana Villarán

Un reciente dictamen del Poder Judicial impone 36 meses de impedimento de salida del país a Susana Villarán, marcando el ritmo lento de un proceso judicial importante —con largos flecos entre los mecanismos institucionales— destinado a sentar cátedra alrededor de los casos de corrupción de alto perfil.
Al margen de las serias implicancias que exhibe la exalcaldesa socialista en este proceso, aquello obliga a repensar la conducta de nuestros jueces para determinar cómo evitar que esta cómplice lentitud, permisividad y falta de rigor continúen debilitando la confianza en el Estado de derecho.
La medida dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz, atendiendo un pedido fiscal de agosto de 2022 —recién resuelta en julio de 2025— pone en evidencia una impresentable ineficiencia procesal, que afecta la percepción pública en la justicia. La demora de casi tres años en resolver solo una solicitud de impedimento de salida expone la vulnerabilidad del sistema ante el avance y manipulación de los tiempos judiciales por la corrupción. Vicio que multiplica el escepticismo y el temor ciudadano frente a la impunidad que secuestra al sistema judicial.
El fallecimiento del testigo José Miguel Castro, hombre clave y colaborador eficaz en este caso, añade incertidumbres y debilita la capacidad probatoria de la Fiscalía, así como determina una intolerable falta de protección efectiva a testigos y colaboradores.
Mientras el Poder Judicial no determine plazos perentorios para resolver solicitudes sobre impedimentos de salida del país, detención preventiva —y otras medidas restrictivas para que la justicia no pierda eficacia ante maniobras dilatorias—, fortalezca la protección de testigos y colaboradores que aporten información clave en casos de corrupción, así como ponga en uso medidas efectivas para digitalizar los procedimientos y expedientes, seguimos empantanados en el lodo de la colosal corrupción que campea en nuestro “sistema” judicial.
El caso de Susana Villarán exhibe en su esplendor la impunidad y la ineficacia de nuestra corrupta estructura jurídica institucional. ¡Y esto exige urgentes ajustes! La decisión del Poder Judicial de imponer 36 meses de impedimento de salida del país a Susana Villarán es un alcance tímido en un proceso que está plagado de demoras y cuestionamientos. Repetimos, la medida del juez Jorge Chávez Tamariz responde a un pedido fiscal presentado en agosto de 2022; pero recién evaluado en julio de este año. ¡Veamos! Villarán enfrenta cargos por lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio, todos vinculados a aportes ilegales de Odebrecht y OAS por más de 11 millones de dólares declarados por ella misma. Su juicio oral está previsto para empezar en septiembre entrante.
La escandalosa tardanza de este proceso refleja un indudable contubernio entre el sistema de justicia y las izquierdas. Incluso la sospechosa negativa del juez a imponer otras restricciones —como prohibir que Villarán se comunique con testigos/coacusados— confirma falta de rigor en medidas cautelares. Por último, el sospechoso fallecimiento de José Miguel Castro añade una dosis de gravísimas dudas a este proceso.
Evidentemente, la resolución del juez Chávez Tamariz no repara el daño causado por años de inacción y permisividad.

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