El diablo está en los detalles

El ministro Eduardo Arana firmó una resolución ministerial que crea un Grupo de Trabajo Multisectorial para la Mejora y Actualización del Arbitraje, una norma que podría pasar desapercibida si no fuera porque —como bien dicen— el diablo está en los detalles.
Este grupo se crea luego de que, el año pasado, se estableciera otro similar, cuyo informe final se hizo público en septiembre de 2024 y el consenso era no modificar la Ley de Arbitraje. Es decir, con una celeridad asombrosa, se vuelve a convocar para lo mismo. ¿Extraño? Obviamente, sí.
Pero si se compara la conformación del primer grupo con la del segundo, queda en evidencia un cambio significativo: en el primer caso, el sector privado tenía un peso mucho mayor. En cambio, en el nuevo grupo de trabajo, su presencia ha sido diluida. Es decir, una de las partes que usualmente recurre al arbitraje (aunque este sistema no fue diseñado exclusivamente para ellos) busca cambiar las reglas del juego bajo las cuales exigirá justicia.
Dado que el arbitraje ha sido presentado como una forma de justicia privada entre privados, la gran duda que surge es: ¿por qué urge crear otra comisión? ¿Es que la norma vigente es un desastre y necesita ser modificada de inmediato?
Recordemos que el Estado no ha gestionado bien la justicia ordinaria. Las personas enfrentan un vía crucis cuando buscan justicia por esta vía: la burocracia, la sobrecarga laboral de los magistrados y la lentitud del sistema pueden ser exasperantes. Ante esta realidad, afirmar que el Estado sabe cómo hacer funcionar la justicia es un error.
La norma de arbitraje ha funcionado bien durante más de 30 años. Y cuando ha habido problemas, ha sido porque el invitado no deseado —el Estado— ha intervenido como parte de los procesos. Para evitar nuevos casos de corrupción y establecer mayores controles, los cambios debieron hacerse en la Ley de Contrataciones del Estado, y eso ya ocurrió.
Modificar la norma madre, la del Arbitraje, no es justificable. Sin embargo, siendo conscientes de que es un producto del conocimiento humano, es posible que sea perfectible. Entonces, los peruanos contamos con una norma de arbitraje que no solo es buena, sino excelente, según los resultados obtenidos en controversias entre privados.
Mientras tanto, la justicia peruana está en la sala de urgencias: la justicia ordinaria intenta salir de cuidados intensivos para volver a ser útil a la Patria, mientras que la justicia privada funciona correctamente. Sin embargo, ahora se pretende someterla a una cirugía de alta complejidad, sin convocar a los especialistas adecuados. Es una locura.
Optar por la vía arbitral evita sobrecargar el Poder Judicial con disputas comerciales y le permite concentrar sus esfuerzos en enfrentar la ola de delincuencia. Además, el arbitraje ofrece justicia rápida, con laudos emitidos por especialistas en la materia. En el mundo de los negocios, el tiempo es dinero, y resolver una controversia de manera ágil es un incentivo clave para la inversión.
Recordemos que la Ley de Arbitraje ayudó a la implementación y facilitación de los acuerdos del TLC con Estados Unidos.
¿Qué hay detrás de este nuevo grupo de trabajo? ¿Por qué no se enfocan en implementar los aportes del primero?

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