El derecho y la crisis política
Con la expresión “crisis política” se describe aquella situación de desequilibrio o inestabilidad del orden político y social de un Estado en el que las posibles soluciones no terminan de ser satisfactorias. Jornadas violentas, cambios de gobierno, cuestionamientos permanentes, entre otras manifestaciones, caracterizan a esta crisis. En lo que respecta al Perú, sobre el que aún pende la amenaza de una segunda ola de contagios por el Covid-19, parece ser que la actual crisis política se perpetúa. Más aún si por estas tierras no son posibles los “diálogos conciliadores”, que de un tiempo a esta parte se llevan a cabo no por el bien del país, sino más bien en aras de alcanzar el poder.
Los ciudadanos de nuestro país nos preguntamos: ¿Cuándo superaremos esta crisis política que ha puesto en evidencia la falta de un líder proactivo capaz de ofrecer las condiciones básicas para llegar a consensos y proponer soluciones realistas y no aparentes? A propósito, una de estas soluciones aparentes ha ganado eco en los últimos días: la necesidad de una “nueva” Constitución. ¡Como si el cambio de la norma fundamental pudiera ser la panacea que acabará con todos nuestros problemas!
Una Constitución no solo reconoce derechos, sino también importa deberes. El respeto de los derechos no solo corresponde a la autoridad, sino también a cada ciudadano. Con las recientes decisiones y comportamientos, hemos perdido, al parecer, ese respeto a nuestra Constitución. Lenta y paulatinamente, hoy somos testigos del retorno al estado de naturaleza. Dejan constancia de esta situación las conductas y declaraciones desbocadas y el lenguaje agresivo que se utiliza en los diversos medios de comunicación y en redes sociales. Es importante advertir que en un Estado civilizado siempre existen límites a nuestras pretensiones y que debemos actuar dentro de un orden determinado. Y si queremos resolver nuestros conflictos, podemos recurrir a los mecanismos que el derecho nos otorga.
Una autoridad responsable es la que entiende que un Estado Constitucional no es enfrentamiento de mayorías y minorías, sino un pacto que exprese ambas posiciones. Un ciudadano responsable es aquel que no solo sabe ejercer su derecho al sufragio, sino también encaminar sus reclamos por los cauces que el derecho le otorga. El derecho solo nos da el marco y las vías para solucionar nuestros problemas. Todo se reduce a la pregunta de cómo queremos que estos se solucionen. ¿Por la imposición? ¿Por el fraude? ¿Por el abuso? ¿O, más bien, por el camino del diálogo en los escenarios en los que deben tomarse las decisiones, considerando las peticiones de la ciudadanía? ¡Claro que sí! Pero con la participación de todos los sectores. Y también velando por el costo a futuro.
Ante una crisis política, el derecho nos recuerda que existen caminos por seguir y valores inderogables que debemos proteger y defender. Pero no hay que equivocarse: hay que hacerlo no solo en favor de los que nos orillan algunos medios de comunicación sino de toda la ciudadanía y, por ende, del mantenimiento de un orden y autoridad que debe ejercerse dentro de los límites que la Constitución vigente establece para poder mantenernos como un Estado. Toda crisis política exige tener la capacidad para generar nuevos y mejores proyectos, pero corresponde analizar si esta tendrá la dimensión como para cambiar una Constitución. O, más bien, será el llamado de atención para que las agrupaciones políticas nos ofrezcan otras alternativas. O para que la ciudadanía, en ejercicio de sus derechos políticos, sea más cuidadosa para elegir a sus autoridades.