El derecho a la educación frente al mercantilismo

Esta semana se publicó en este mismo medio un artículo titulado “Universidades, regulación o mercado”, en el que se presentan ambos conceptos como incompatibles y se advierte una tendencia hacia la reivindicación de la competencia. Se argumenta que no solo las instituciones en general, sino también las empresas privadas que prestan servicios a la población en diversos rubros, deben estar sometidas a ella. El autor del mencionado artículo cuestiona la regulación estatal exacerbada en las universidades, afirmando que “las normas no siempre ofrecen soluciones y, a veces, crean mayores problemas”. Se destaca que “el capitalismo moderno solo logra satisfacer las necesidades del consumidor si existe una verdadera competencia”.
Si bien el autor del referido artículo tiene razón en algunas de sus apreciaciones, es importante aclarar ciertos aspectos que ocurrieron en el Perú en relación con la educación universitaria. Estos aspectos están vinculados con los resultados negativos en este sector, que provocaron una especie de involución académica. Este fenómeno pernicioso tiene como responsables a quienes promovieron la arbitraria regulación estatal a través de la SUNEDU. Esta entidad, influenciada por universidades privadas que se agruparon en una especie de logia, dictó el irregular comportamiento del ente regulador. Bajo el amparo de la Ley 30220, SUNEDU interpretó de manera sesgada dicha norma, ejerciendo un autoritarismo sin límites. Se cerraron universidades, se permitió el funcionamiento de otras y se otorgaron licencias bajo parámetros nada académicos. Los procedimientos fueron tan irregulares que las decisiones de la entonces SUNEDU, como el cierre de universidades, parecían estar coordinadas con este grupo de universidades privadas, que, en poco tiempo, aumentaron notablemente el número de matrículas y los costos de sus estudios, haciéndolos inaccesibles para la mayoría de las familias peruanas y convirtiendo la educación superior en un privilegio.
Nos percatamos entonces de que lo sucedido en el país desde 2014, cuando se promulgó la inconstitucional Ley 30220, respondió a una concepción político-económica promovida por sectores de poder. Paradójicamente, los mismos sectores que impulsaron la regulación estatal radical también promovieron la privatización y mercantilización de la educación superior. En este sentido, comprobamos que lo afirmado por el autor del artículo es cierto: “Las normas no siempre ofrecen soluciones y, a veces, crean mayores problemas”. El ejemplo más elocuente es la Ley 30220, eufemísticamente llamada “Ley Universitaria” o “Reforma Universitaria”. La aplicación discrecional de esta ley por las autoridades de la SUNEDU de entonces recuerda al actuar de un presidente mexicano del siglo pasado, que decía: “Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”. Efectivamente, los superintendentes de SUNEDU de aquel entonces subordinaban sus acciones a los intereses económicos y políticos de los poderosos, utilizando a la institución como un garrote para reprimir exclusivamente a quienes se oponían públicamente a sus decisiones.
Está claro que la tan mentada reforma universitaria nunca se materializó. Miles de estudiantes vieron frustradas sus legítimas aspiraciones de superación al cerrarse las universidades donde estudiaban, sin que nadie se ocupara de garantizarles la continuidad de sus estudios. Ante este desastroso escenario, surge la Ley 31520, como una demanda ciudadana que permitirá recuperar la fortaleza institucional de las universidades y, sobre todo, reivindicar su autonomía. Cabe destacar que somos conscientes de que tanto las universidades públicas como las privadas deben comprometerse con la mejora de la calidad académica. La competencia leal, en el sentido de ofrecer un mejor servicio, es importante y necesaria. Sin embargo, nos oponemos firmemente a la vocación mercantilista de la educación, que no debe ser vista como un simple negocio. Esta visión pragmática de la vida es tóxica para el derecho humano a la educación superior.

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