El delito de traición a la patria
Según el artículo 325 del Código Penal, el delito de traición a la patria consiste en coludirse con un grupo, organización o gobierno extranjero a fin de someter a la nación a sus intereses.
El gobierno de Kuczynski, continuado por Vizcarra, ha incurrido en una serie de actos destinados a someter al Perú a los intereses del grupo económico internacional que promueve la imposición de un Gobierno Mundial a través de los organismos internacionales como la ONU y sus organismos especializados, la OEA, la OCDE, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en los últimos años han asumido con este fin facultades no otorgadas por los Estados de imponerles: nuevos derechos humanos, dictados legislativos, y disposiciones de aplicar políticas públicas en el ámbito político, económico, social y cultural con incidencia en la educación de los niños, que lesionan los derechos humanos reconocidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y la soberanía e integridad de las naciones.
Esta actuación delictiva de traición a la patria tiene el agravante de concurrir con la comisión de delitos sistemáticos de GENOCIDIO (Art. 319 inciso 2 del Código Penal) en aquellos países cuyos gobiernos se están sometiendo al plan de dominación del Gobierno Mundial, afectando gravemente la integridad mental, psíquica y física de millones de niños y promoviendo el asesinato de los niños por nacer, la destrucción de la familia y el impedimento al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales como el de expresión, de conciencia y de libertad religiosa.
El gobierno Kuczynski-Vizcarra viene ejecutando el “Plan Programa País Perú”, elaborado por la OCDE, el órgano técnico del Gobierno Mundial, bajo el objetivo de que nuestro país se incorpore como miembro de ese organismo denominado “Club de París”, y que es la estrategia de aplicación de las disposiciones políticas, económicas, sociales, culturales, educacionales, y normas legales de sujeción al Gobierno Mundial, sin que nadie lo haya autorizado, imponiéndonos una dictadura internacional.
La Ley 30506 otorgó facultades legislativas al gobierno de Kuczynski bajo la justificación de “Adecuar la legislación nacional a los estándares, recomendaciones y compromisos asumidos con la OCDE”, constituyendo una prueba de lo anteriormente expuesto, en verdad, todos los decretos legislativos emitidos por Kuczynski y Vizcarra bajo facultades legislativas han estado dirigidos a aplicar las disposiciones de la OCDE y asegurar legalmente la impunidad de sus actos de corrupción.
