El dañino populismo congresal
Cuando un Congreso de la República, como el actual, ejerce su principal función de legislar al margen de lo que aspira o espera la población nacional, sus decisiones son ilegítimas y/o demuestran que los intereses particulares o de partido son los que predominan cuando producen leyes sin ninguna explicación lógica o coherente con la realidad nacional.
Cuando la mayoría parlamentaria acordó modificar la Constitución vigente, a fin de que el Parlamento pueda retornar al sistema bicameral, manifesté estar de acuerdo con dicha decisión, por razones técnicas, compatibles con nuestra realidad socio-política que así lo exigía. Pero, asimismo, llamé la atención para destacar el hecho de que la referida decisión congresal se había efectuado desconociendo lo que un enorme sector de la ciudadanía había manifestado estar en desacuerdo, lo cual explica por qué las diferentes bancadas partidarias buscaban conseguir que la votación sea mayor a los tercios del número legal de congresistas, en dos legislaturas ordinarias consecutivas, a fin de evitar que tuviera que someterse a una consulta popular de referéndum, el cual, evidentemente, rechazaría por amplia mayoría de la población peruana la propuesta de reforma.
Es decir, el regreso a la bicameralidad tiene un origen legal, por el procedimiento aplicado, pero carece de legitimidad. Decisión parlamentaria que, por el contenido de las reformas constitucionales efectuadas, pone en evidencia que los intereses particulares o de grupo son los que han primado, sobre el tan “frustrado” interés general.
Frente a lo antes indicado, y cuyos resultados los comprobaremos a partir del 28 de julio de 2026, y siempre a la espera de estar equivocado (por el bien del país), se suma un desacierto más por parte de los representantes parlamentarios, al haber aprobado la creación de veinte nuevas universidades que, sin presupuesto disponible que garantice la calidad de la enseñanza que en ellas se imparta, servirán únicamente para saciar el ego de los que votaron a favor, garantizando así que dicha decisión sirva como un instrumento de campaña electoral para los próximos comicios generales, donde de seguro los tendremos de candidatos a algún cargo público.
Que la educación en todos los niveles es un derecho fundamental, todos estamos de acuerdo; pero corresponde a las autoridades nacionales y a las subnacionales permitir que todas las personas (de todas las edades y de todos los lugares) tengan la posibilidad de acceder con facilidad a recibir la educación que ellas deben ofrecer, contando con los recursos y condiciones necesarias que aseguren la calidad de la enseñanza y permitan formar ciudadanos de bien, con miras a lograr que sean los futuros capaces dirigentes del Perú del futuro.
Por las motivaciones que han promovido la creación de las mencionadas 20 universidades, sin ninguna explicación o fundamentación seria y responsable, nos permite deducir que incentivos populistas, igualmente, con miras a las próximas elecciones generales, son las razones que han dado lugar a tomar dicha decisión parlamentaria. O, lo que es lo mismo, la irresponsabilidad congresal sigue siendo el instrumento que induce a nuestros “padres de la patria” a actuar como lo vienen haciendo.
A menos de un año de tener en actividad a nuevas autoridades nacionales, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, hay que invocar a quienes tienen aún en sus manos el manejo del poder político, que lo hagan con criterio, responsabilidad y coherencia con la búsqueda del bien común, como finalidad del Estado, logrando dejar algunos pocos buenos resultados, y no los que hasta hoy tenemos.
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