El costo de una traición
El escándalo Lava Jato consolida el mayor proceso de corrupción de nuestra historia. Perro, pericote y gato cayeron en las garras de una constructora brasileña. Cinco presidentes de la República están procesados por la justicia, pasando por casi toda la burocracia estatal; aparte de grandes estudios de abogados, de ganapanes expertos en todo; incluso propietarios de medios impresos, televisivos, radiales, etc., como José Graña Miró Quesada, confeso delincuente que robó al Perú.
Pero también cayeron operadores de nuestro sistema de justicia. Concretamente, los de una división especialmente creada dentro del Ministerio Público, dirigida por los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, capitaneados por tres sucesivos fiscales de la Nación: Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena. Vela y Pérez fueron empoderados para firmar un pacto —que continúa siendo secreto— con Odebrecht, mediante el cual le condonaron sus delitos y, consecuentemente, la exoneraron de condena. Asimismo, los tres fiscales de la Nación mantuvieron como operador fáctico a un sujeto como Gustavo Gorriti, quien llegó al extremo de asegurar públicamente que “Odebrecht ya no es una empresa corrupta; se ha regenerado. Hoy es de las mejores constructoras mundiales; el Estado peruano debe volverla a contratar para ejecutar las grandes obras que necesita el país”. Tamaña falacia quedó estampada en un video, donde Gorriti funge de promotor de Odebrecht. Pero Gorriti nunca dejó de actuar como operador fáctico del Ministerio Público.
Paralelamente, la llamada “gran prensa peruana” —El Comercio y sus semi-quebradas subsidiarias y languidecientes canales 4 y N; La República; y los canales 2, 5, 8, 9; RPP— ha servido de caja de resonancia al podrido sistema jurídico nacional, a cambio de primicias entregadas por la Fiscalía y ciertos juzgados, y de publicidad estatal, cortesía de sucesivos gobernantes.
Hoy el escándalo Lava Jato ha desaparecido, haciéndole perder al Perú más de USD 20,000 millones.
Vergonzosamente, una década después de actuar como cómplice de Odebrecht y de dichos fiscales, El Comercio publicaba recientemente un inmundo editorial pretendiendo cambiar de cara, dizque para defender a un empresario y al coherentemente cuestionado expresidente Kuczynski, imputados por el fiscal Pérez.
Al final del día, el caso Odebrecht ha generado un inconmensurable daño a nuestra institucionalidad: tanto que ha desaparecido la confianza del pueblo en el sistema jurídico nacional.
Evidentemente, El Comercio —con sus cómplices del Ministerio Público y el Poder Judicial— ha traicionado al país con su vil comportamiento durante toda una década, haciéndole perder a los peruanos no menos de USD 20,000 millones.
Es momento de decisiones, amable lector. La infame reforma política —impuesta vía referéndum por el golpista/corrupto Vizcarra— está corroyendo los últimos estamentos democráticos que le quedan a nuestro Estado de Derecho. Si no limpiamos el sistema de justicia —desterrando de allí a aquella delincuencial mafia caviar que se ha apropiado del Poder Judicial, Ministerio Público y Junta Nacional de Justicia—, muy pronto acabaremos siendo un auténtico Estado fallido. Pedimos que en esta cruzada colaboren todas las fuerzas democráticas del país, para proponer —durante el debate electoral que debiera empezar en apenas un semestre— una solución consensuada.
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