El costo de no actuar frente al crimen en el Perú

En la isla del Frontón se construyó una prisión en 1917 y funcionó hasta 1986 (69 años). Reabrirla como cárcel inteligente, hoy, resulta indispensable. La inseguridad no solo amenaza nuestras vidas; también paraliza la economía. Mientras crecen las cifras de extorsión, homicidios y violencia organizada, miles de empresas reducen sus inversiones, los emprendedores operan bajo amenaza constante, disminuye significativamente el turismo y el Perú pierde competitividad frente a sus pares regionales. Es momento de asumir que la criminalidad es también un problema económico y, por tanto, requiere una respuesta estructural, ambiciosa y pragmática, donde también debe participar la fuerza armada y una ciudadanía organizada protegida por la autoridad.
Las cárceles ya no disuaden ni rehabilitan. Son centros de operaciones para bandas que siguen extorsionando, secuestrando y ordenando asesinatos desde dentro, a través de celulares e incluso redes WiFi clandestinas.
Actualmente, la saturación de los penales ha llegado a un punto crítico. Incluso a quienes son capturados en flagrancia se los deriva a la comisaría… y en pocas horas recuperan su libertad porque no hay espacio donde retenerlos ni personal suficiente para asegurar el proceso.
Hoy, frente al avance del crimen organizado, que debe ser calificado como terrorismo urbano, reactivar el Frontón como megacárcel inteligente y automatizada es urgente. Con 1 km2 de extensión, cuatro veces más grande que la famosa cárcel de Bukele (el Centro de Confinamiento del Terrorismo - CECOT de 0.23 km2), y un aislamiento geográfico natural, a pesar de su cercanía con Lima, puede transformarse en un punto de inflexión para el sistema penal peruano.
No se trata únicamente de encerrar criminales, sino de convertir el Frontón en un centro obligatorio de ingreso, clasificación y decisión judicial inmediata para todos los capturados. Allí deben operar de forma permanente representantes del INPE, Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, permitiendo aplicar prisiones preventivas diferenciadas: hasta 3 meses si existen antecedentes y al menos 15 días si no los hay.
Hoy también hay muertos que se cuentan por miles generados por el transporte público informal. Independientemente del costo humano, los conductores responsables de muertes entran y salen fácilmente de la cárcel. Esta prisión podría servir de espacio para retenerlos con prisiones preventivas, lo que contribuiría a disuadirlos para que respeten las reglas de tránsito.
La cárcel del Frontón debe ser completamente automatizada, convirtiéndose en una cárcel inteligente: vigilancia por inteligencia artificial, monitoreo biométrico, sensores de movimiento, algoritmos de clasificación de internos y módulos diferenciados.
El modelo no es utópico. China, con más de mil millones de habitantes y con más de 680 cárceles y una población penal proporcionalmente menor que la del Perú y de la mayoría de países de América, ya ha implementado prisiones inteligentes. Además, es nuestro principal socio comercial y un actor clave en cooperación tecnológica y de seguridad, como se reafirmó en la última cumbre China–CELAC.
Un convenio de gobierno a gobierno con China permitiría construir esta prisión en tiempo récord, como lo hizo El Salvador con el CECOT, e implementar estándares tecnológicos de última generación.
La pregunta no es cuánto costará una megacárcel como la del Frontón. La verdadera pregunta es: ¿cuánto le cuesta al Perú seguir sin ella? Entre 2% y 3% del PBI anual, además del costo humano (que se calcula en miles de vidas) y el deterioro institucional.
En el Frontón, además, deben funcionar centros de certificación técnica, espacios productivos, talleres, soporte psicológico, zonas de visitas familiares dignas y módulos diferenciados. La inteligencia artificial debe permitir seguimiento conductual, alertas automáticas y análisis sobre el proceso de reintegración.
Un joven detenido por primera vez no puede compartir celda con un cabecilla criminal. El sistema actual no distingue, no evalúa y, por tanto, no reeduca.
El Frontón debe ser solo el punto de partida. Para contener el embate nacional del crimen organizado que desangra al Perú, se necesita una red descentralizada de prisiones inteligentes: al norte, al sur y en el oriente del país. Algunas están a medio hacer y hay que culminarlas con servicios automatizados.
El turismo debería ser el principal activo para el crecimiento económico sostenido del Perú.
Tenemos cultura, historia, gastronomía y biodiversidad, pero el clima de inseguridad afecta la llegada de visitantes, la percepción internacional y las inversiones territoriales en regiones claves.
Sin seguridad jurídica ni ciudadana, no hay posibilidad de convertir al turismo en el motor económico que necesitamos. Una megacárcel moderna en el Frontón no solo protegería a los ciudadanos: enviaría al mundo una señal clara de que el Perú está recuperando el control de su futuro.

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