El costo de la indolencia…
A través de esta columna, hemos venido advirtiendo que la indolencia gubernamental en temas de seguridad podía provocar un desborde de las capacidades de respuesta de nuestras fuerzas del orden (llámese FFAA o PNP), generando una exacerbación social cuyo estallido no siempre traería buenos resultados.
Hemos vivido asonadas escandalosas en violencia y muertes y, en vez de estudiar causas, medios y resultados, para adecuar la capacidad de respuesta de nuestras instituciones tutelares con criterios técnicos, estratégicos y tácticos, mejorando lo que ya teníamos al vencer al terrorismo, desde el escenario político se procedió a desmantelar lo que había, a debilitar las instituciones en su estructura organizacional y presupuestal y a manosear su operatividad, poniéndola en una lamentable situación de obsolescencia.
En tal escenario, nadie se percató, o a nadie le importó, la amenaza real de la criminalidad organizada que, desde los años noventa (léase mani puliti contra la mafia italiana, los extraditables en Colombia y el caso Escobar en el mismo país) mostraba una agresividad creciente en un proceso de internacionalización que evidenciaba una criminalidad global con un gigantesco poder de corrupción, de tal nivel que recién en el año 2000 los Estados suscribieron el Tratado de Palermo contra el crimen organizado.
Ahora, las dos plagas están azotando a nuestro país, a tal punto que la población sale a las calles a exigir al gobierno que se le brinde seguridad porque ya nadie está libre del pago de cupos impuestos por los facinerosos, cuyo incumplimiento es una sentencia de muerte ineludible e inaplazable.
Los criminales no eximen a nadie y, lo peor, comenzaron extorsionando a los que menos tienen, y de allí fueron avanzando hacia los niveles sociales más altos, controlando barrios enteros e imponiendo reglas para el libre tránsito de los pobladores, al tomar por asalto el control del transporte público, matando a cuanto chofer conduzca unidades por las cuales deben pagar cupos o incendiando vehículos de manera impune.
El problema es que hay lobos violentistas que se aprovecharán de los justos reclamos de la población, y nuevamente nos enfrentamos a la posible confrontación social y política que tanto daño nos hizo en el pasado.
Allí no queda la cosa, porque el caos también ha impregnado la institucionalidad que sustenta la gobernabilidad. Es difícil saber quién tiene el poder, porque a veces aparece en el Congreso, otras en el Ejecutivo, en muchas oportunidades en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Lo cierto es que existe la percepción de una ruptura sorda, pero muy destructiva, del equilibrio de poderes y del principio de legalidad que sustenta nuestro sistema de gobierno.
Hubo un tiempo, a finales de los ochenta e inicios de los noventa, en que todo acto oficial iba al Poder Judicial vía la demanda de amparo con medidas cautelares para todos los gustos, de lo cual trataremos más adelante.
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