El corrupto blindaje a Boluarte

El acuerdo corrupto existente entre varios partidos del Congreso y la presidenta de la República, Dina Boluarte, se puso una vez más en evidencia hace algunos días, cuando la Comisión Permanente refrendó el archivo dispuesto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la acusación formulada contra la mandataria por la Fiscalía de la Nación por el clamoroso “caso Rolex”.
Para entender lo ocurrido, primero debemos dejar claramente establecido que el artículo 117 de la Carta Magna (invocado para salvar a Boluarte) solo habilita una acusación penal contra el jefe del Estado mientras ejerce el cargo en los casos de traición a la patria, por impedir las elecciones generales, regionales o municipales, por disolución irregular del Congreso o por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones u otros órganos del sistema electoral.
Pero, de manera alguna, de conformidad con los artículos 38 (“todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales”) y 39 (“El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación”) de la propia Constitución, y en aplicación de los artículos 99 y 100 del mismo cuerpo legal, se cierra la posibilidad de seguir un juicio político a Dina Boluarte por infracción constitucional, que es lo que procede en este caso y constituye una figura completamente diferente a la del juicio penal.
Más aún, el mentado artículo 117 no impide que el fiscal de la Nación realice la correspondiente investigación del caso. Lo que no puede efectuar es la acusación respectiva, que solo podrá formular una vez que termine el mandato de Boluarte.
Boluarte debe ser objeto del correspondiente juicio político, cuya sanción es la destitución y la inhabilitación por un período de 10 años, sin perjuicio de que, una vez concluido su mandato, el Ministerio Público formule la pertinente acusación penal ante el Poder Judicial.
Todo esto, por supuesto, no va a ocurrir en el Congreso controlado por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y otros, donde la demagogia, el oportunismo y la corrupción sabotean permanentemente a la democracia y los favores se pagan en forma concreta.
Lo que acaban de hacer dichos partidos en la Comisión Permanente del Congreso es groseramente consagrar la impunidad transitoria de Boluarte, ya que han debido derivar la denuncia fiscal por los cauces constitucionales del juicio político.
No extraña que así lo hayan hecho, ya que está bien claro que su visión del ejercicio político se reduce al aprovechamiento del poder en beneficio propio y de sus socios coyunturales. Tal cual la defensa de la elevación del sueldo de Boluarte por “dignidad”.
Una vergüenza que me impulsa a seguir luchando por ese Perú con justicia y sin corrupción al que aspiramos la inmensa mayoría de los peruanos.

(*) Presidente de Perú Acción
Presidente del Consejo por la Paz

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