El control entre los poderes del Estado

Si bien es cierto que son tres los tradicionales Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), dos de ellos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, son los que realmente gozan de poder político y, por lo tanto, son sobre los que recae, en forma directa, la responsabilidad de administrar la cosa pública. Razón por la cual, dentro de las numerosas facultades que tiene cada uno de ellos, estos dos últimos están sometidos a un estricto control del ejercicio de sus atribuciones, a fin de evitar el uso desmedido de las mismas y, lo más importante, que se verifique que están atendiendo sus responsabilidades adecuadamente, por cuanto de la eficiente y eficaz ejecución de ellas dependerá la satisfacción de las necesidades y expectativas que tenga el pueblo de su gestión.
Para tal efecto, existen los llamados controles políticos que permiten que el órgano administrador (presidencia de la república y sus ministros) y el ente legislador (el Parlamento y sus integrantes), quienes, se supone (por lo menos teóricamente), que actúan en representación de la población que los eligió, se controlen entre ellos y, de esa forma, los resultados de la gestión de ambos favorezcan el interés general.
Son mecanismos de control político la interpelación, como instrumento que obliga a un ministro o al presidente del Consejo de Ministros (si se quiere comprometer a todo el gabinete) a dar cuenta, ante la representación parlamentaria (con el establecimiento del bicameralismo, será solo ante la Cámara de Diputados), sobre algún asunto en particular; la censura ministerial que, por decisión congresal, tiene como consecuencia la de obligar a un ministro o a todo el gabinete a renunciar, por considerárseles responsables de alguna decisión política; y, el rechazo de confianza, que se origina por iniciativa ministerial, y cuyo efecto, de ser rechazada la misma, igualmente, tiene que renunciar el ministro.
Y, por su parte, para balancear las facultades de control, se ha facultado al presidente de la república de poder disolver la Cámara de Diputados si esta le ha censurado o rechazado la confianza a dos Consejos de Ministros.
Precisamente, y a propósito de la reciente juramentación del nuevo gabinete ministerial, previsto en el artículo 130 de la Constitución Política del Perú (todavía con la vigente unicameralidad), corresponde que el presidente del Consejo de Ministros, dentro de los 30 días de haber asumido funciones, debe concurrir al Congreso, acompañado de todos los ministros, “para exponer y debatir la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión”; y, luego, plantea la cuestión de confianza. Esto último, para obligar a la representación parlamentaria a tener que pronunciarse sobre su estimación de procedencia o no de la referida propuesta ministerial, y que algunos la califican como la “investidura” (aplicable generalmente para los gobiernos parlamentarios, que no es el caso del Perú, donde contamos con gobierno presidencialista).
Al respecto, y si se tomara en cuenta la especial importancia que tiene el que el presidente del Consejo de Ministros plantee la cuestión de confianza luego de su exposición, nos estaríamos asegurando de que el Congreso se obligue a actuar con mayor criterio y responsabilidad, procurando que sus decisiones permitan implementar la legislación correspondiente que posibilite la ejecución de las propuestas presentadas por el nuevo Consejo de Ministros.
En consecuencia, y como quiera que la esperanza es lo último que se pierde, en esta reciente última oportunidad, esperamos que los “acuerdos debajo de la mesa” entre las agrupaciones políticas, con el afán de satisfacer sus aspiraciones personales, en lugar de inspirarse en las aspiraciones del pueblo, no sean el mecanismo que motive la conducta de los parlamentarios a la hora de votar la cuestión de confianza.
De acuerdo con las últimas evaluaciones que se vienen efectuando sobre la opinión que tiene la ciudadanía de la gestión de sus autoridades, es impostergable que los cambios que se requieren para mejorar la administración del Estado son muy urgentes y necesarios. El pueblo peruano no puede esperar más.

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