El Congreso y el TC en la mira ¿de quién?

Desde la primera selección de magistrados para el Tribunal Constitucional los grupos políticos lucharon descaradamente por tener el control de dicha entidad, o con una repartija proporcional donde cada uno tenía su representante o cuando grupos mayoritarios o aliados en el Congreso obtenían mayorías de magistrados en un Tribunal Constitucional perfectamente previsible en sus decisiones ante conflictos entre los poderes públicos.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la designación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional se ha convertido en un objetivo de vida o muerte de no se sabe qué poder actúa desde la penumbra.
Ya no se admite que el Congreso lleve adelante el proceso de selección conforme a sus atribuciones, sino cuando el poder oculto lo considera conveniente, lo que ocurre, obviamente, porque se quiere asegurar el control del Tribunal Constitucional.
Recordemos que el expresidente Vizcarra, como operador político, para impedir la selección de los nuevos tribunos, a última hora, propuso una modificación normativa para el proceso en curso, justamente a la hora en que se iniciaba el pleno para la votación respectiva por lo que el Congreso no le concedió prioridad procediendo a elegir, generándose lo que luego se denominó como la denegación fáctica de confianza con la cual se procedió al cierre del Congreso y a la convocatoria de elecciones para elegir nuevos congresistas.
Estos nuevos congresistas, con mayoría abrumadora, vacaron al expresidente Vizcarra provocando que los grupos que todos conocemos convocaran y dirigieran movilizaciones violentas contra el Congreso acusándolo de golpista mientras era Merino el presidente, para luego constitucionalizar a Sagasti a pesar de provenir del presunto acto golpista, de lo que se puede inferir que Merino no se acomodaba a la ruta del poder que alguien viene desarrollando.
Ahora, nuevamente a último momento, ya cuando el Congreso iba al pleno para votar la elección de nuevos magistrados del TC, una jueza dicta una cuestionable medida cautelar suspendiendo la elección, provocando el rechazo del Legislativo provocándose otro choque de poderes.
Resulta más que obvia la intención de utilizar estos precedentes para neutralizar cualquier acto del Congreso que no satisfaga las expectativas del gobierno de turno y constitucionalizar los que desarrolle el Ejecutivo, escenario muy peligroso cuando vemos en el ideario de Perú Libre la eliminación del TC y de la Defensoría del Pueblo.
La decisión judicial provoca una paradoja: se dicta una medida cautelar con la sola revisión de la página Web del Congreso sin pedir más documentación y, antes de esto, se deniega un hábeas data para exhibir los padrones electorales.
Todo apunta a un plan integral hábilmente manejado, en el cual la abrupta destitución del fiscal Arce da lugar a mayores sospechas.

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