¿El Congreso hace lo que quiere?

Desde que Pedro Castillo dio el golpe de Estado y estableció un gobierno de facto que no duró ni dos horas, la guerra institucional entre el Congreso y el Ejecutivo parece haber cesado, con supuestas concesiones del gobierno de Boluarte de por medio, el cual, al no contar con bancada, resulta débil, por lo menos en lo político, ante un Congreso que constantemente llega a acuerdos.

Si bien no es del todo claro, Perú Libre parece lo más cercano a un partido de gobierno: quien fuera su vicepresidenta ahora es presidenta, quien fue abogado de su líder es ahora defensor del Pueblo, y muy probablemente algún miembro de su bancada, de seguro Waldemar Cerrón, será el próximo presidente del Congreso; las declaraciones de parlamentarios representativos de distintas bancadas así lo aparentan.

Para entender este fenómeno, hay que comprender que la guerra institucional que se vivió durante el gobierno de Castillo fue entre la institucionalidad democrática, aunque precaria, y un modelo diferente y claramente peor; no entre partidos políticos ni figuras políticas que se enmarcasen en el sistema democrático peruano y asumieran las reglas de juego.

El que la moneda peruana siga fuerte es lo que reafirma la victoria del sistema, por sobre los intentos desestabilizadores de las protestas violentas en respaldo al golpe de Castillo y el fenómeno de El Niño que viene causando estragos en distintas zonas del país.

A pesar del cambio de presidente, el Perú aparenta ser institucionalmente lo bastante sólido como para que sus fuerzas políticas asuman y enmarquen su accionar en las reglas de juego, esto parece generar confianza, en la población y en el exterior, al respecto solo hace unas semanas el Perú realizó la transacción con bonos soberanos más grande de su historia.

La dinámica de la democracia representativa consiste, básicamente, en la imposición de las negociaciones de las mayorías, pero sin vulnerar los derechos de las minorías. Para lograrlo, se debe asegurar la separación de poderes, algo que, aunque precario en nuestro país, parece existir.

Hace unos días, el Ejecutivo anunció que presentará al TC acciones contra leyes aprobadas por insistencia en el Congreso, por ser consideradas inconstitucionales por los especialistas de distintos ministerios.

Previamente, el Ejecutivo ha observado leyes, como la de exonerar de octógonos a las fórmulas y suplementos para bebés; ley duramente criticada por los colegios profesionales de medicina y nutrición.

También se han dado manifestaciones públicas de ministros, como las declaraciones de la ministra de Educación, Magnet Márquez, quien se ha mostrado en contra de la ley para nombrar a docentes con tres años de trabajo, por no asegurar calidad en la educación, por lo menos en el contexto de que la última Evaluación Muestral del Minedu registraba a más del 80% de estudiantes de segundo de secundaria con niveles no satisfactorios en comprensión lectora ni razonamiento matemático.

Estas confrontaciones entre Ejecutivo y Legislativo, al enmarcarse en los lineamientos de la institucionalidad democrática, siguen respondiendo a la lógica de defensa del sistema y reflejan la separación de poderes.

A pesar de que tiene muchas fallas y ha sido infectada por el fenómeno de la corrupción, el sistema democrático representativo del Perú, por lo menos desde una lectura macro, parece vigente, estableciendo mecanismos de seguridad para prolongar su subsistencia.

Esto no quiere decir que no se volverá a llegar a momentos de crisis. Incluso es probable que, por desgaste político y en el marco de las próximas elecciones, la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo se agudice, generando una aparente inestabilidad.

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