El Congreso de la República como saco de boxeo
Siempre he sostenido que debatir públicamente sobre las remuneraciones y demás aspectos administrativos de los congresistas de la República y de los trabajadores del Parlamento Nacional, no resulta agradable o incluso útil, pues existen posiciones hostiles ya tomadas que se hacen aún más nítidas porque al tocar el tema salen a la superficie, creo que inevitable y hasta justificadamente, los episodios negativos en los que diversos parlamentarios se han visto o se ven envueltos.
Pese a lo señalado, considero que en defensa de la institucionalidad y no así de las personas vale la pena correr el riesgo de entrar en el debate de tema tan espinoso; eso sí haciendo desde el inicio la aclaración de que he sido congresista de la República en seis períodos congresales, dos de ellos completos, tres de duración reducida y uno interferido por injusta suspensión. Asimismo, que he trabajado y trabajo actualmente como asesora contratada en la organización parlamentaria.
Para comenzar, debo recordar que de acuerdo a la Constitución Política, artículo 39°, los congresistas de la República se encuentran al mismo nivel o categoría que los ministros de Estado, magistrados supremos, Fiscal de la Nación, miembros de Tribunal Constitucional y dela Junta Nacional de Justicia y el Defensor del Pueblo. Sin embargo, un simple análisis comparativo de las remuneraciones y beneficios percibidos por cada uno de los mencionados, concluirá que los miembros del Parlamento Nacional son los menos favorecidos, no solo en el monto percibido sino en beneficios colaterales como movilidad, personal de apoyo, seguridad, etc.
Funcionarios de menor jerarquía como viceministros y asesores del Poder Ejecutivo y adjuntos y asesores en el Poder Judicial y en las otras entidades públicas superan también en retribución y beneficios adicionales a los congresistas y al personal incluso jerárquico del Congreso.
En términos de idoneidad y de exigencia de grados, títulos, estudios técnicos y experiencia en la administración pública, por parte del personal de apoyo a la labor congresal, considero que el Parlamento Nacional no se queda atrás y hasta exige mayores requisitos.
No pocas veces me ha tocado aclarar informaciones falsas y mal intencionadas que circulan en las redes sociales atribuyendo a los congresistas de la República beneficios inexistentes, como el de jubilación con cédula viva por solo cumplir un período congresal. O que no son objeto de retenciones por impuesto a la renta o aportaciones a la seguridad social.
Estimo que vale ser implacables al exigir honestidad, responsabilidad y calidad en el trabajo congresal, pero sin caer en trato injusto ni enemistad.
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