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El Congreso como intérprete de la voluntad popular

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Fecha Publicación: 06/03/2022 - 22:54
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Los clásicos tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ejercen la función de administrar, legislar y la jurisdiccional, respectivamente, como atribución principal para cada uno de ellos. A estos órganos estatales se les suele agregar un cuarto “Poder del Estado” constituido por los medios de comunicación, como intermediarios de la voluntad popular.

En ese sentido si, particularmente, los integrantes del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo son elegidos por el pueblo, significa que el poder que tiene cada uno de ellos se produce como resultado de la decisión de la población a quienes representan; es decir, el ejercicio del poder se sustenta, en principio, en una democracia representativa.

El Órgano Ejecutivo, particularizado en la diversidad de atribuciones, previstas en nuestra Constitución vigente, que se le tiene otorgadas a la persona del Presidente de la República, en su condición de primer mandatario de la nación, se le atribuye que ese conjunto de facultades permiten sintetizarlas en el concepto de que estamos frente a un “gobierno fuerte”, que es la característica de los gobiernos presidencialistas, como lo es el del sistema norteamericano, quienes fueron sus creadores de la mencionada forma de gobierno.

El grado de representatividad poblacional que encarna la persona del jefe de Estado está en relación con la captación de votos que haya obtenido; en el caso nuestro, en la primera vuelta eleccionaria, la cual refleja el verdadero caudal electoral que lo apoya o, mejor, su grado de legitimidad que lo fundamenta. Apoyo popular que, en el ejercicio del cargo, termina siendo muy fluctuante por los resultados de la gestión de gobierno.

Esta puede ser la explicación de por qué algunos especialistas consideran al Congreso como el primer poder del Estado, en la medida que la pluralidad política e ideológica de los grupos que lo integran representa, más cercanamente, los diversos sectores de la población, en su variedad de matices y/o intereses.

Si en la conformación del Parlamento nacional encontramos una legitimidad de origen más auténtica, por cuanto, como diría el poeta, están representadas “todas las sangres”; entonces, no sería un error decir que hay un “quinto Poder del Estado”, el cual tendría que ser en el que nacen u originan todos los demás. Por lo tanto, ese verdadero “Primer Poder del Estado” es, evidentemente, “el Pueblo”.

En consecuencia, si el Congreso es el órgano del Estado que se encuentra más cercano al pueblo, para justificar su existencia y tener siempre vigente su legitimidad, no le queda otro camino sino, actuando dentro del marco de lo regulado por las normas jurídicas vigentes, comenzando por la Carta Política, de tomar decisiones que reflejen o interpreten lo que la voluntad del pueblo así lo señala.

Los diversos instrumentos de medición popular, que hoy la tecnología nos ofrece, deben ser usados por los que tienen en sus manos tomar decisiones políticas. Las cuales, reitero, deben estar enmarcadas en lo previsto por la normativa que las regula. No hacerlo así, nos corremos el riesgo, como ocurrió hace poco tiempo en el Perú, donde se escuchó únicamente a la muchedumbre (por la bulla y escándalo que provocaron y capaz fueron muy pocos), dando lugar a que aparezca la llamada “oclocracia”, conocida mejor como la “democracia de la muchedumbre”.

Como vemos, todos los extremos son malos y, lo peor, se producen o deciden violentando la Constitución y las leyes. Para que un sistema democrático funcione adecuadamente y garantice que la voluntad popular se respeta, debe haber una real sintonía entre lo que quiere y aspira la ciudadanía con lo que hacen o dejen de hacer sus representantes.

La democracia no aparece de la noche a la mañana; ella es producto de un proceso de formación en la que el pueblo y sus autoridades, dentro del rol que le corresponde a cada uno de ellos, actúen priorizando el interés general sobre el interés particular o de partido político.

Esa debe ser la línea de conducta del pueblo y de sus gobernantes.

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