El Comercio y Vela Barba
¡Bueno es culantro, pero no tanto! La cerrada (¿cómplice?) defensa del grupo El Comercio al fiscal Rafael Vela Barba y, por extensión, a su “partenaire” Domingo Pérez, es parte del sospechosísimo apoyo que este grupo mediático ha brindado a ambos fiscales.
Ellos, dicho sea de paso, han fracasado en forma estrepitosa en su obligación de perseguir el crimen que encierra el escabroso caso Lava Jato, donde El Comercio tiene mucho que ver.
Porque José Graña Miró Quesada, junto con una hermana, fueron los principales accionistas individuales de la Empresa Editora El Comercio S.A., propietaria del citado periódico.
Simultáneamente, él era el mayor accionista de la empresa Graña y Montero, socia de la firma brasileña Odebrecht y coautora de la mayor estafa perpetrada contra el Estado peruano.
De acuerdo a lo manifestado por José Graña Miró Quesada, en calidad de Colaborador Especial de la Fiscalía, este confesó todos los actos de corrupción en los cuales intervino con su consorciada brasileña, Odebrecht, tanto en el proyecto Gasoducto Sur Peruano, las Carreteras IIRSA Norte e IIRSA Sur en sus Tramos 2 y 3, la Vía Expresa Sur, y la Línea 12 del Metro de Lima. De manera que El Comercio estuvo –todavía sigue estándolo– como jamón en sándwich; metido hasta el cuello en el caso Lava Jato.
Porque para nadie es secreta la directa injerencia de José Graña Miró Quesada en los asuntos de verdadera trascendencia donde El Comercio debía adoptar posición.
Decimos, con razón, que Vela y Pérez han fracasado en sus funciones como fiscales a cargo de la investigación del escándalo Lava Jato, porque han transcurrido siete años sin que el poder Judicial haya recibido una sola denuncia de la Fiscalía contra Odebrecht sobre su colosal estafa. Hagamos historia.
El affaire Odebrecht arrancó en Brasil en 2013; en 2016, con apenas seis meses de investigación, Estados Unidos condenó a Odebrecht a pagar US$ 2,600 millones por actos de corrupción cometidos en ese país. Ese año estalló el escándalo en el Perú.
No obstante, han pasado siete y ni Odebrecht, sus propietarios y/o ejecutivos han sido denunciados por los fiscales Domingo Pérez y Vela Barba, encargados –pomposamente– de perseguir e imputar a Odebrecht, a sus socios locales y a otros culpables de la mayor estafa perpetrada contra el Perú.
Claro que, sospechosamente, Graña Miró Quesada, asociado con Odebrecht, permanece libre porque denunció a sus exsocios; aunque entregando a la Fiscalía información que ya se conocía de antemano.
Es obvio.
El Comercio no puede dejar de apoyar a Vela Barba y a Pérez Gómez, porque ambos lo conocen demasiado bien.
Por último, tras un proceso nada ajeno a incidentes y faltando el respeto a un superior –quebrantando un principio básico en una institución jerárquica como es el Ministerio Público–, la Autoridad Nacional de Control de este organismo, a cargo del fiscal Antonio Fernández Jerí, resolvió que Vela Barba cometió falta muy grave, imponiéndole siete meses de suspensión por ofender a una magistrada del poder Judicial, conducta característica de sujetos como Vela contra quienes rechacen sus prepotencias.
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