El caso Delia Espinoza: ¿una sanción inevitable o un exceso disciplinario?
La destitución de la fiscal suprema Delia Espinoza por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha reabierto un debate sensible: cómo ejercer control sobre jueces y fiscales sin poner en riesgo la imparcialidad del propio órgano que los sanciona.
El cargo central contra la fiscal Espinoza fue su negativa a acatar la disposición de reponer a Patricia Benavides. Más allá de formalismos, este hecho se interpretó como desobediencia a una orden expresa de la JNJ, configurando así las faltas graves y muy graves que, según el reglamento disciplinario, justificaban la medida extrema de destitución.
La defensa alegó que la JNJ debía apartarse del caso por existir denuncias y procesos en su contra. Sin embargo, ese argumento resulta débil. La Corte Suprema ha precisado que un investigado no puede provocar la inhibición de quien lo juzga presentado demandas o quejas. De aceptarse, cualquier magistrado podría esquivar responsabilidad utilizando este mecanismo como estrategia dilatoria, con el consiguiente debilitamiento institucional.
Donde el asunto se vuelve más complejo es en torno a la imparcialidad. El Tribunal Constitucional, en el conocido precedente del caso Arsenio Oré, estableció que una autoridad no puede juzgar hechos en los que ella misma figura como agraviada. En dicho proceso, se derivó la investigación a otro fiscal para asegurar objetividad. En el caso Espinoza, la dificultad radica en que no existe otro órgano con las facultades de la JNJ; si esta se inhibiera, la consecuencia sería la inacción y, en la práctica, la impunidad frente a las faltas disciplinarias de magistrados que deberían responder por su conducta.
El dilema institucional es claro: si la JNJ asume el caso, se cuestiona su imparcialidad; si se inhibe, se resquebraja todo el sistema disciplinario. Este escenario revela una tensión estructural aún no resulta entre el control y la autonomía, que debería motivar una reflexión más amplia sobre la necesidad de reformas.
En paralelo, queda abierta la vía constitucional. Espinoza, como otros fiscales sancionados en el pasado, podría buscar su reposición mediante un amparo. No sería un camino inédito: la justicia constitucional ha privilegiado en varias ocasiones la protección de derechos frente a posibles excesos procedimentales.
El desenlace no sólo marcará la trayectoria de una magistrada, sino también la legitimidad de la JNJ. Este caso obliga a reflexionar sobre dónde colocar la línea entre una disciplina necesaria y el riesgo de socavar la independencia institucional.
Por Armando Núñez
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