El caballo de Troya

La violencia contra las mujeres es condenable y repudiable, nadie podría decir lo contrario. Las cifras de violencia siguen en aumento, en gran parte, porque a pesar de los cambios legales y de contar hoy en día con un proceso más garantista que hace 10 años, las víctimas siguen siendo minimizadas, no se otorgan las medidas de protección a tiempo, no se les brindan las garantías necesarias y tienen que vivir atemorizadas porque la justicia termina liberando al agresor.
Lo lamentable es que un tema tan relevante para nuestra sociedad se utilice como caballo de Troya para el ataque político-mediático, instrumentalizando al Ministerio Público para un caso en particular: apartar del cargo al presidente de la Junta Nacional de Justicia, sobre quien pesa una sentencia por violencia intrafamiliar.
Estamos ante un proceso que se siguió bajo la derogada Ley N.º 26260, cuyo objeto era proteger a la víctima de violencia. Una ley que incluso tenía como particularidad resolver los conflictos de pareja en una conciliación. Las medidas de protección dictadas dependían del criterio del juez, no tenían enfoque de género ni de derechos humanos, pues no había distinción legal específica entre mujer, niños y niñas, usando incluso términos como “menores”, desprovistos de un enfoque especializado como sí lo estableció el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes promulgado en el año 2000.
Por otro lado, está la discusión sobre la idoneidad moral, cuyo estándar debe ser objetivo y sometido al principio de legalidad. Si mantener buenas relaciones familiares es parte de un análisis objetivo de idoneidad moral, entonces los divorciados no superarían ese estándar, porque lo objetivo es la sentencia de divorcio, y no las buenas o malas relaciones que puedan mantener con su excónyuge.
Si en verdad les importaba la bandera de la lucha contra la violencia a las mujeres, ¿por qué no dijeron nada antes de la juramentación de Ríos Patio hace más de 10 meses? ¿Acaso tiene relación con la reincorporación de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides o la reciente investigación de la JNJ contra la actual fiscal de la Nación?
No recuerdo que esto sucediese cuando dos asesoras del Tribunal Constitucional denunciaran públicamente maltratos verbales y psicológicos contra el exmagistrado Eloy Espinosa-Saldaña en el 2019. No recuerdo una diligencia del Ministerio Público, tampoco sendos comunicados de sindicatos, organizaciones feministas ni ONG, pidiendo la vacancia por carecer de idoneidad moral, conforme a su Ley Orgánica.
Un exmagistrado, hoy sentenciado por maltrato psicológico a su cónyuge y que acaba de ser suspendido por una universidad de su plaza docente por plagio, ni más ni menos. Ningún abanderado de la idoneidad moral dijo nada, dejaron que termine su periodo en el Tribunal Constitucional, calladitos.
¿Lucha contra la violencia a las mujeres? A otro perro con ese hueso.

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