El año de la lucha contra la corrupción (o impunidad)
Está claro que todos los ciudadanos con un mínimo nivel de conciencia y formación cívica están de acuerdo con la necesidad de emprender todas las acciones que sean necesarias para impedir que la corrupción siga imperando en el país. Es un tema prioritario que caracteriza cualquier acción o política que se quiera promover, con mayor razón si proviene del mismo gobierno, en el entendido de que se encuentra tan comprometido que él mismo lo ha denominado “año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
Sin embargo, el panorama local sigue siendo incierto y preocupante, en especial por las vinculaciones existentes de la corrupción con los regímenes políticos anteriores, considerando que sobre los últimos partidos políticos que gobernaron, incluido el actual, existen referencias agudas que señalan que se encuentran involucrados en casos graves de corrupción.
A mi entender, el problema no sería propiamente la corrupción, porque la historia del pasado se encuentra matizada de una u otra forma por su presencia permanente y constante. Ex presidentes, políticos de renombre, secretarios de partidos políticos, funcionarios de alto nivel y empresarios de toda gama no dudaron en algún momento en ceder ante las apetencias de poder y de dinero, haciendo que tarde o temprano terminaran investigados, enjuiciados o, en todo caso, cuestionados por sus lazos con la corrupción. Sucede que la corrupción existe desde los albores de la historia y siempre ha estado presente en los distintos regímenes políticos, razón por la que imaginarnos que en algún momento desaparecerá solo porque se hacen declaraciones o afirmaciones, es intentar apartar la luz del astro sol con el filo de una delgada navaja. En todas las épocas ha habido personajes corruptos que han pensado solo en su propio provecho, abusando de la función pública, la fe ciudadana y el poder que han detentado.
Lo que no quiere decir que la corrupción no pueda ser controlada como acontece con otras patologías sociales que se convierten en problemas individuales o residuales. Existen autoridades especializadas avocadas en exclusividad a ello, amparadas en las normas, los códigos, los procedimientos, la Constitución política y el control ciudadano. Se suman otras acciones legales que han resultado eficaces cuando se trata de develar información inédita y secreta, que proviene de los diferentes espacios en que opera, y que desenvuelve las estructuras criminales en materia de corrupción. Las leyes abundan y son objeto de constante reforma en búsqueda de una mayor eficacia para prevenir y reprimir la corrupción en sus distintas modalidades.
Lo gravitante no es la corrupción, sino el velo de impunidad que soterradamente se puede crear entorno de ella, que es lo que traumatiza la mente de las grandes mayorías, resquebraja la moral colectiva y siembra dudas sobre la imparcialidad del Estado. Se trata del uso oscuro, sombrío y arbitrario del poder y la legalidad en desmedro de las expectativas populares, que miran al castigo punitivo como el punto final de la historia repetitiva e interactiva de la corrupción en nuestro medio. La impunidad no solo denota ausencia de correctivo moral y psicológico, sino otorga certeza a la población de que la ley no es igual para todos, que se aplica en forma selectiva, y que lo que prima en última instancia es quiénes están de por medio y qué intereses velados pueden estar en juego.
Luis Lamas Puccio