El alto costo de la indignidad

Todos califican como crisis política, los hechos acaecidos desde la votación en el Congreso por la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, hasta la elección del señor Sagasti pasando por la pobre performance del señor Merino, sin personalidad de Estado y sin liderazgo alguno, ni carácter para enfrentar una confrontación que no llegó a entender y con un gabinete que mostraba crudamente a la política tradicional que era objeto del rechazo popular.
Para nosotros, siendo coherentes con nuestra posición expresada en muchas columnas anteriores, esto fue más una crisis moral con graves efectos políticos y no una crisis política con peores efectos morales. Veamos por qué.

Nadie discute que la población está harta de los políticos que elige, porque cíclicamente se desengaña de todos (a pesar de existir excepciones rescatables) cuando no recibe de ellos nada en términos de beneficio social, educación, salud, desarrollo, trabajo y honradez, sino que, al contrario, ve que todo el escenario se llena de corrupción, compadrazgos, robos, abusos de poder y enriquecimiento ilegal a diestra y siniestra, tanto entre congresistas, gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales y la empresa privada.

El problema surgió cuando se enfocó la atención en la inmoralidad atribuida al Congreso cuya imagen fue demolida desde el Ejecutivo para que nadie mire la inmoralidad allí existente. Por tal razón nosotros veníamos analizando el caudillismo y su alto costo republicano porque desde el Ejecutivo se puede, administrando el dinero público, controlar instituciones y poderes públicos y corromper a cualquiera.

Cuando se produjo la votación por la vacancia de Martín Vizcarra, la psicología colectiva no podía admitir que la inmoralidad atribuida a los unos calificara la inmoralidad del vacado y, por dicha razón, comenzó a pedir que se vayan todos.

Ahora se busca que el TC defina lo que es moralmente cuestionable, algo casi imposible porque las valoraciones éticas cambian muy rápidamente. Los principios no se negocian: si un inmoral detenta el poder, debe ser destituido de inmediato y no apelar a que le falta poco para que se vaya porque estaríamos convirtiendo nuestra prédica en un relativismo ético inaceptable cuya posición asumieron inclusive los fundamentalistas religiosos que predican un sustantivismo moral radical. No olvidemos que los inmorales en el poder son producto de nuestra sociedad y espejo de la misma. Es tiempo pues de preocuparnos de forjar una nueva generación de gentes desde su infancia porque la herencia recibida desde la independencia es muy pesada y difícil de erradicar.